El juicio abreviado era uno de los principales temores de la familia y una vez que el fiscal Spelta dio marcha atrás hace apenas unos días -no sin idas y vueltas-, el rechazo a la unificación se convirtió en otra alerta: la querella que integra María Elena, mamá de Jonatan, y patrocinada por las abogadas Cintia Garcilazo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, y Analía Abreu, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, rechazó desde un primer momento la posibilidad del abreviado y exigió juicio oral y público. La otra parte querellante, integrada por la madre del pequeño hijo de Jonatan y representada por Paul Krupnik y Gustavo Feldman, nunca se negó a esta posibilidad. “Siento que me están sacando del medio”, había declarado luego de la audiencia del viernes María Elena.
También existía el temor ya que, mientras María Elena estuvo representada por Krupnik y Feldman -hasta el mes de octubre- tuvo que atravesar muchas irregularidades de parte de sus propios abogados. Una de ellas tuvo que ver con la audiencia que otorgó la prisión domiciliaria para uno de los acusados y que se realizó sin informar a la familia.
López Quintana fue claro al rechazar el pedido de Spelta para unificar las querellas: en la audiencia anterior, el fiscal argumentó su pedido en base a la "igualdad de armas" que garantiza la equidad de todas las partes. El juez no encontró ninguna contradicción en este punto y citó como ejemplo los casos de delitos de lesa humanidad, además de una abultada jurisprudencia y legislación.
Cómo sigue la causa
Durante las primeras semanas del año volvió a sonar como posible un juicio oral para Ramiro Rosales, autor de uno de los disparos mortales, y un abreviado para los otros tres agentes de la PAT acusados por el delito de abuso de armas, por lo que les correspondía una pena menor. Sin embargo, esta estrategia de la Fiscalía quedó descartada luego de la audiencia del viernes.
Jonatan Herrera recibió tres disparos en su cuerpo, dos de ellos considerados mortales. Rosales es el autor de uno de los tiros, por lo que el fiscal solicitó la pena máxima por el delito de homicidio calificado. Aún no está determinado quién fue el que disparó el proyectil que rozó el cráneo del joven, pero según los peritajes dos de los agentes estaban en la línea de tiro: Luis Sosa y Francisco Rodríguez; estos están acusados de tentativa de homicidio calificado, por lo que las penas podrían ir de 10 a 15 años de prisión. A Alejandro Gálvez se le extendió la prisión domiciliaria por una semana y va en camino de un juicio abreviado.
La familia de Jonatan Herrera lleva más de un año luchando contra los peores pronósticos y con muchas irregularidades en la causa. Como si no fuera suficiente tanto dolor, durante estos meses tuvieron que atravesar hostigamientos y amenazas. Sin embargo, nunca dejaron de movilizarse y reclamar justicia; siempre acompañados por organizaciones sociales, políticas, gremiales y de Derechos Humanos. Los frutos de tanta fortaleza están a la vista: el camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la condena a los asesinos del gatillo fácil está ahora un poco más cerca.