La convocatoria de la familia Rivero, estaba hecha desde hace tiempo. Pedían el acompañamiento a las organizaciones y ciudadanía en general, en este día ansiado en que se realizara la audiencia preliminar. Poco después de las 9 hs, llegaban en una unidad del servicio penitenciario los acusados. Al apostarse en la entrada para vehículos de los Tribunales, desde ambas esquinas San Carlos y San Luis como San Carlos y Moreno, se acercaron familiares y amigos de Brian González con pancartas de apoyo y el pedido de “juicio justo para Brain Gonzalez”. Se vivió el primer momento de tensión, en lo que la familia de Any como los presentes consideraron una provocación ante el dolor y el reclamo de justicia por el asesinato de la joven misionera de 18 años.
Norberto Olivares, abogado de la familia, luego de ingresar y presentarse en la oficina de gestión judicial para solicitar medidas que garanticen la seguridad de las personas en el tribunal, debido a la situación planteada, nos decía: “Ellos están ejerciendo un derecho a manifestarse en algún sentido. Nosotros no lo aceptamos y digo más, lo repudiamos. Nosotros no aceptamos que se busque impunidad para la narco-criminalidad. Por más que sea un derecho, nos parece que debieron abstenerse. Nosotros lo que no queremos es que se frustre la audiencia, porque estamos en la posible instancia de la apertura del juicio oral que pondría en el banquillo de los acusados a los implicados y buscaríamos la condena más fuerte y ejemplar, que venimos peleando hace mucho tiempo. Nos interesa que la audiencia de haga y sea favorable a los intereses de la familia Rivero, ya que son las víctimas que han perdido una hija a manos de la narco-criminalidad”
Ante la presencia de quienes se manifestaban a favor de Brian González, las organizaciones y demás personas concurrentes en solidaridad con la familia Rivero, resaltaron su indignación y la necesidad de la presencia de un cordón policial para prevenir posibles incidentes entre las dos expresiones que se enfrentaron cara a cara. Representantes de las distintas organizaciones de mujeres, sociales y partidos políticos, declararon públicamente la preocupación por la endeble situación de la seguridad y la tensión permanente, denunciando que la justicia en ningún momento garantizó la presencia policial en la puerta de los Tribunales de la ciudad de San Lorenzo, acordonando y resguardando a la familia de la víctima. Mónica Rivero, mamá de Any, conmocionada hasta al llanto declaraba a los medios presentes: “Estoy indignada, duele muchísimo la provocación porque nos están provocando. Es una provocación a nosotros y a todas las personas que nos apoyan pero de todos modos vamos a seguir hasta el final. Y es eso, van llegando las instancia finales y se ponen más pesados. El objetivo es que se haga la audiencia. Y la vamos a hacer con tranquilidad y con fuerza. Ellos piden juicio justo. Para nosotros juicio justo sería la condena que pide nuestro abogado para cada uno de ellos.”
Cerca de las 11 de la mañana comenzó la audiencia, de la que participaban familiares y acompañantes. Luego el juez cambió de opinión y ordenó que sólo familiares quedaran en la sala. Según nos relataba Olivares a la salida, tanto fiscalía como la querella hicieron una síntesis de las acusaciones. Se vivieron momentos de tensión con el abogado de Brian González, cuando la querella planteó que no se va a juzgar un homicidio común sino uno producto de la narco-criminalidad. Además se mantuvo la discusión acerca de la calificación legal, ya que la querella sostiene que se trata de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y participación de menor.” Por su parte las defensas, plantearon el cambio de la situación de quienes están con prisión preventiva efectiva, principalmente de Brian González y Brenda Villarruel; esto significaría la morigeración de su situación bajo el pago de fianza. Por último, la querella y la fiscalía aportaron a la causa nuevas pruebas, entre ellas 44 testigos, peritaje fotográfico, balístico, filmaciones y otra documentación importante. Ahora están en manos de Fillocco, las decisiones que pueden poner la causa en la puerta de entrada a juicio oral y público. El juez tiene a disposición 5 días hábiles para responder a los requerimientos de la querella, fiscalía y defensas, que serán informados en una resolución.
Finalmente se realizaron los pedidos de condenas; la fiscalía pide 21 años para Iván Galarza, autor material del asesinato; 19 años para Brian González como partícipe necesario por facilitar la maniobra para realizar los disparos desde la camioneta que conducía y 15 años para Brenda Villarruel, sindicada como la instigadora. La querella solicitó penas más duras, 25, 23 y 18 años respectivamente.
Ahora se esperan la resolución del Juez Fillocco y la definición del lugar dónde se realizará el juicio, ya que circularon versiones judiciales que afirmaban que se desarrollaría en Rosario.
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