Martes, 16 Agosto 2016 09:54

Informe: Un año sin Pichón, un año sin justicia

Escrito por  Nota: María Sol Prados / Fotografías: Mariano Basabilvaso, Bárbara Villarreal, Camila Villarruel

Idas y vueltas en un caso de violencia institucional que es noticia por la liberación de todos los imputados. Los familiares y abogados tienen en claro que continuarán la lucha y pedirán la recusación del juez federal Marcelo Bailaque. A un año de su desaparición física, la causa los encuentra unidos,fortalecidos y en la calle.

Se cumple un año de la última vez que Gerardo Escobar fue visto con vida. Un año atrás, Gerardo Ezequiel Escobar, “Pichón”, tenía 23 años, era jefe de cuadrilla en Parques y Paseos de la Municipalidad y salía con amigos desde el canto bar de Santa Fe y Pte. Roca hacia “La Tienda”. Una cámara de seguridad lo ubica saliendo del lugar y siendo golpeado por un guardia; su cuerpo fue hallado el 21 de Agosto de 2015 en el Rio Paraná.A un año, la Justicia no llega a esclarecer qué fue lo que sucedió con pichón, quienes fueron los autores materiales de su muerte y libera a los imputados de la causa: el 10 de Agosto, el juez federal Bailaque decidió sobreseer a los cinco imputados de desaparición forzada de persona que permanecían en prisión preventiva. En declaraciones con la Brújula de la Mañana, Luciana Escobar, hermana de Gerardo, comentó que la decisión les cayó como un balde de agua fría, pero que el objetivo es claro: “sabemos que tenemos que seguir peleando, porque nunca nos fue  fácil, y estamos preparados para seguir”.
La resolución de juez, que será apelada ante la Cámara Federal, sobreseyó a los imputados y los liberó inmediatamente, por considerar que hay pruebas suficientes para suponerlos inocentes.

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Larga lucha

Desde la aparición del cuerpo de Gerardo, numerosas organizaciones de Derechos Humanos se hicieron eco de la lucha por encarcelar a los responsables. Luego de la detención de los tres patovicas que trabajaban en el lugar ese día (Cristian Vivas, César Darío Ampuero y José Luis Carlino) y de los dos policías que cumplían adicionales (Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli), comenzó el pedido para que el caso fuera caratulado como desaparición forzada de persona. Ya en septiembre de 2015, el abogado de la familia, Guillermo Campana, comentó que “lo que dicen los tratados internacionales es que debe ser investigado de la forma más gravosa, porque es un delito en el que se ve comprometida la responsabilidad del Estado.”

La multisectorial reunida en torno al caso, cuestionó fuertemente la actividad del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio de Seguridad, en tanto no habían notificado a la querella de medidas probatorias en las que había solicitado participar y no pusieron a disposición distintas pruebas, como los geo posicionamientos de los móviles policiales o los audios de los llamados al 911 de la fecha del hecho.

“Sostenemos que Gerardo fue detenido ilegalmente, luego de la golpiza propinada por el patovica, y levantado por un móvil policial y trasladado hasta una seccional de policía. Esta postura proviene de testigos que involucran y ubican en forma directa o indirecta la participación de la policía en la desaparición, tortura y muerte de Gerardo Escobar”, destacó el comunicado difundido por la multisectorial, y agregó que las acciones, omisiones y versiones que giran en torno a la causa resultan más que suficientes para ahondar en la investigación sobre la participación activa de la Policía.

En noviembre de ese año, la Cámara de Apelación en lo Penal no dio lugar al pedido para que la causa pase a la Justicia Federal por el delito de “desaparición forzada de persona”, sumándose las denuncias de que se estaba dilatando el caso.   

En ese marco, el abogado Salvador Vera -que patrocina a la familia Escobar- expresó su desacuerdo: “Esta audiencia se produce dos meses después de la primera por lo que sí o sí debían considerarse los hechos nuevos. Ahora, nos obliga a generar una nueva instancia judicial, violando el principio de economía procesal”.
Siete meses después, con los acusados en prisión preventiva, se dio lugar al pedido de la querella: en marzo la Cámara Penal provincial convalidó el traspaso de la causa para que se investigue la desaparición forzada y que sea el nuevo juez quien decida la situación de los imputados. Sin embargo -y contradiciendo las interpretaciones y decisiones de fiscales y jueces-, dos meses más tarde, el juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente para investigar la causa bajo esa carátula, iniciando un nuevo ciclo de dilaciones

Resisten hoy

La liberación de los imputados de la causa se dio en vísperas del aniversario de su desaparición, que encuentra a familiares, amigos y diversas organizaciones más unidas que antes para honrar a Gerardo y para seguir luchando.
Este 14 de agosto se convocó a un encuentro en la emblemática plaza del foro, que desde el 24 de septiembre de 2015, día en que Gerardo hubiera cumplido 24 años, lleva su nombre. Aquel día, fue inaugurada una placa en su memoria, para que se siga apoyando la búsqueda de Justicia  y porque, como bien expreso Luciana ese día, “su destino fue cortado con tijeras”.  
Este domingo 14 de agosto, se convocó a un almuerzo popular y actividad cultural, que contó con un espacio para que distintos familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional puedan contar su historia. Se destacó la presencia de la madre y la hermana de Luciano Arruga, la madre de Ismael Sosa y los familiares de Jonatan Herrera; y un homenaje a Elsa Godoy, madre de Franco Casco.

Videohistoria: un año de lucha por Pichón