Lunes, 29 Mayo 2017 22:20

La Educación Sexual Integral es un derecho de los pibes y pibas

Escrito por  Natalia Navarro

La Educación Sexual Integral (ESI) es un contenido garantizado por ley, para ser incorporado en los curriculums escolares en todo el país. Sin embargo, Santa Fe aún no cuenta con una legislación propia en esta temática. Claudia Etcharry y Luciana Gómez, referentes locales del Frente por la ESI, contaron sobre el estado del proyecto: el enfoque sobre la sexualidad más allá de la mirada biologicista y la disputa por una ley provincial laica.

El Frente Nacional por la ESI es un espacio transversal, integrado por diversas organizaciones,  creado en 2016 como estrategia de lucha frente al vaciamiento de los programas nacionales de  salud sexual integral destinados al ámbito de la Educación. A diez años de la sanción de la Ley N° 26.150, que inauguró el Programa Nacional Salud Sexual Integral (que reconoce a la ESI como derecho que debe ser garantizado mediante su inclusión en los contenidos de los establecimientos educativos públicos y privados de  todo el país), el presupuesto y los equipos de formación asignados para esta área se encuentran en declive.
Las referentes del Frente por la ESI Rosario, Claudia Etcharry y Luciana Gómez, dialogaron con la Brújula de la Semana. Indicaron que el espacio se conformó en consonancia con las mismas problemáticas a nivel local, luego de las inquietudes movilizadas por 30° Encuentro Nacional de Mujeres. Con el fin de poner en agenda la temática en la región e impulsar la sanción de una norma propia, se encuentran dando la pelea por la Ley de ESI provincial laica y con perspectiva de género.

Sin ESI, no hay “Ni una menos”

La necesidad de tratar la educación sexual de manera amplia y diversa no es un tema nuevo en Argentina. Desde el Frente por la ESI ubican los inicios en los ‘90, en el contexto de los primeros abordajes para la prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a nivel internacional. “Desde la década del ‘90 comenzaron a trabajarse (a nivel académico) las cuestiones de género. En Rosario, en 1994 se inició la primera Maestría de Género. A partir de esta categoría del género, se planteó otra mirada de la educación sexual. Empezó a correrse el eje de lo biológico y se fue gestando otro movimiento pensando en la sexualidad como algo que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida y en todas las edades”, explicó Etcharry.

La educación sexual planteada de manera integral, “pone en escena la cuestión de los derechos humanos”. “No podemos pensar los disensos y la diversidad sin la ESI. No solo refiere a la categoría de género o el cuidado de salud, es también la afectividad, son nuestros deseos. Es parte de nuestras maneras de relacionarnos y convivir dentro de los espacios que tenemos”, agregó.  
Una de las convicciones de este movimiento es que “Sin ESI, no hay Ni Una Menos”; porque con estas herramientas “se puede terminar con esas formas de violencia, con los estereotipos y avanzar contra el patriarcado, que posiciona a las niñas en un lugar inamovible y naturaliza determinadas relaciones de poder”. También permite luchar contra “la heteronorma como la única manera de relacionarse, es decir la heterosexualidad como modo de vínculo obligatorio”, enfatizaron.

Avances y retrocesos: hacia la ley provincial de ESI

La necesidad de contar con una legislación provincial en esta temática surgió a partir de ciertas deficiencias que docentes, organizaciones sociales y especialistas empezaron a notar desde la implementación de la Ley 26.150. La norma preveía un plazo  de cuatro años de capacitación para transversalizar los contenidos en las aulas. En ese sentido, desde 2008 Santa Fe cuenta con equipos que brindan capacitaciones. Pero, según relatan Gómez y Etcharry, hasta el momento se trata de acciones no planificadas de manera estratégica por las escuelas, sino que se sostienen por voluntad de cada docente. “Muchas veces son las profesoras de biología las que toman a cargo la formación”, afirmó Gómez.

Al respecto, Etcharry remarcó que “cada jurisdicción debe tener adecuada su estructura curricular”. “Además, por una cuestión de presupuestos, al haber una ley provincial se tienen que asignar fondos para sostener los equipos y los materiales que deberían llegar a las escuelas”, enfatizó. Frente al desfinanciamiento de los programas nacionales, esta alternativa garantizaría la aplicación de la ESI como contenido.
Por otra parte, es un marco que habilita “trabajar libremente” los contenidos de la ESI en las escuelas. “Antes de la ley nacional, había que pedir autorizaciones a las familias para trabajar cualquiera de estos temas, aún los relacionados a la prevención de las ETS”, subrayó.

Si bien admitieron que con la ley no alcanza, es lo que permite a los docentes resguardarse frente a las presiones que intentan sacar el tema de la agenda escolar: “Si viene un papá a preguntar porqué hablamos de matrimonio igualitario en la escuela, una ley nos permite afirmarnos en ella. Inclusive, (al tener ese estatuto) no dar estos contenidos es vulnerar derechos. Podemos decir que lo tratamos para garantizar el derecho de los pibes y pibas a recibir educación sexual”, aseguraron.

De la mano de los fundamentos de la legislación nacional, una  ley de ESI local buscaría que el tema se plantee de manera multidisciplinar. “No se trata de llegar al aula y decir la ‘ESI es’. Quienes hemos incorporado los contenidos ESI a nuestras currículas, los tenemos como parte de nuestra planificación a través de qué tipo de materiales o fuentes usamos, o de qué perspectiva se la da a cada tema”, apuntó Etcharry.

En relación a esto, cuando el tema surge entre docentes de diferentes materias, Gómez señaló que la apuesta tiene que ver con replantearse operaciones de enseñanza habituales para no reproducir contenidos sexistas o que naturalicen ciertos roles o actividades: “A veces el tema sale entre las profes de matemática. ‘¿Nosotras qué tenemos que ver con esto?’, se preguntan. Por ahí tiene que ver con cuestiones más sencillas, como los enunciados que se utilizan. Por ejemplo, pensar que ‘Juanita va a hacer las compras’, pero no nunca va Juanito. O ‘Pepe juega al fútbol y va a comprar tres pelotas’, pero no puede ser Pepa”, explicó.

A partir de esta situación, en noviembre pasado se llevó a cabo el "Agitazo" como primera acción para visibilizar las deficiencias del programa a nivel nacional, incorporar la cuestión como tema de interés público por fuera de las escuelas e impulsar una ley para la provincia de Santa Fe.  

El proyecto fue presentado de manera oficial en julio de 2016, por el diputado socialista Julio Garibaldi junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué. Meses más tarde, en diciembre, durante la última de las sesiones ordinarias, este frente de organizaciones se movilizó a la Legislatura provincial para exigir el tratamiento sobre tablas del proyecto. Pero éste no fue discutido y se aplazó con la promesa de ser abordado en la primera sesión de 2017.

El jueves 18 de mayo la Cámara de Diputados iba a tratar la iniciativa; pero a último momento se desistió por modificaciones en el texto original, que no habían sido consensuadas con los espacios que participaron de su elaboración. Esos cambios, que el oficialismo calificó como “sugerencias”, referían a la incorporación de la “dimensión cultural y espiritual” de la sexualidad y al “derecho de las familias a decidir sobre la educación en materia sexual de sus hijos”. Cuestiones que no aparecen en la legislación nacional y que en términos prácticos, entre otras cosas, significan la creación de equipos interdisciplinarios en los cuales se habilita la participación de todos los credos religiosos.

La autoría de esos agregados no quedó aclarada. Lo cierto es que por la presión de las organizaciones, al no verse garantizada la laicidad que el proyecto original buscaba, el tratamiento se suspendió de nuevo. A pesar del dictamen de preferencia, los legisladores adujeron que “no estaban dadas las condiciones políticas” para su tratamiento, aunque el bloque que impulsó el proyecto tiene mayoría en ambas cámaras. “Desde el año pasado, cuando nos sentamos a discutir con Garibaldi, ya nos había deslizado que había ciertos sectores de la Iglesia que venían con sus cuestionamientos; y que esto iba a estar en debate”, contextualizó Gómez.

Las docentes indicaron que, además de su carácter laico, otra de las fortalezas del proyecto provincial es el reconocimiento de la diversidad sexual. “El texto original superaba la cuestión del ‘ideario institucional’ que planteaba la ley nacional, a partir de la cual tenés a la Iglesia colándose”, precisó Etcharry. Por otra parte, “la ley nacional habla en términos binarios de varón/mujer; la ley provincial, en cambio, avanza en relación a la identidades disidentes”, acotó Gómez.
Por último, destacaron que la ESI no solo atañe al ámbito educativo. “Tenemos que estar muy atentos. Creemos que si no nos movilizábamos, esta ley iba a salir así”, afirmaron.

La entrevista completa en La Brújula de la Semana.