El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley estableceráel acceso a una vivienda digna”. Es una realidad que muchos rosarinos no pueden acceder a una vivienda y, en este sentido, la propuesta de Ciudad Futura busca hacer más fácil la vida de los inquilinos.

En diálogo con La Brújula de la Mañana, el concejal Juan Monteverde explicó que la iniciativa es la segunda parte del proyecto de Inmobiliaria Pública. “El primero tiene que ver que con la necesidad de que el Estado se meta en el mercado de la construcción, de la tierra y que exista posibilidad de una vivienda pública de alquiler”, manifestó. Y agregó: “Esta segunda partes específicamente para los que hoy alquilamos. Nos basamos en las propias experiencias”.

La situación actual da cuenta de una serie de cuestiones que complican la vida de muchos inquilinos. Al respecto, el edil manifestó: “Conocemos cuáles son los problemas que tenemos todos los días, que exceden incluso a la cuestión de los precios altos de alquiler. La vida se nos va complicando ya que tenemos que estar mudándonos cada dos años y una cantidad de problemas cotidianos que viven muchos rosarinos. Este proyecto pretende ser práctico”.

Empoderar a los inquilinos

Monteverde aseguró que la iniciativa da herramientas concretas a los inquilinos para empoderarlos frente al mercado inmobiliario. “Hay cinco instrumentos en el marco de la Inmobiliaria Publica. Entre los más tradicionales es que el Banco Municipal sea garante. Proponemos que con una cuota mensual muy mínima o con un único pago, uno pueda comprar las garantías y los seguros del Banco Municipal sin necesidad de tener un conocido propietario para poder alquilar. También un sistema de mediación cuando hay conflictos”, precisó.

Dentro de un paquete de medidas que intenta hacer frente a los abusos de las inmobiliarias, destacó dos puntos: “Uno es que haya una presencia estatal en todos los contratos que se celebran. Además, que haya una visita de un profesional de la construcción a los inmuebles, para controlar el estado general del inmueble. Es lo que llamamos un `sello de calidad´que se pide como obligatorio antes de la firma del contrato, para que el inquilino no tenga que hacerse cargo de los arreglos estructurales de la vivienda”.  A su vez, aclaró: “Si uno tiene ese certificado donde dice que ya existían determinados vicios de la construcción, vamos a tener otra capacidad de pelear con la inmobiliaria con este elemento concreto”.

Por último, indicó que quieren “generar incentivos para que los propietarios tengan beneficios a la hora de renovar los contratos y que puedan ser de más dos años”. “No es lo mismo alquilar por 10 años que mudarse cada dos. Por eso, el segundo elemento tiene que ver con centralizar el mercado de alquiler en una sola página web municipal donde estén las ofertas de las inmobiliarias y de los propietarios”. De esta forma, se generarían “vínculos directos con los inquilinos evitando uno de los mayores gastos, como son las comisiones que se llevan las inmobiliarias”

Por una vivienda digna

El derecho a la vivienda está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En su artículo 25.1, establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial (…) la vivienda”.
Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (1976) prevéque “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda”. Tanto la Declaración como el Pacto Internacional, aparecen reconocidos en la Constitución Nacional.

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