Durante la etapa kirchnerista, este proceso que tuvo sus comienzos en los '70, continuó con el menemismo y se siguió profundizando en el nuevo siglo, se fue consolidando y fue arrasando con ese 'otro' campo. También fue creciendo la resistencia y la organización, principalmente en las zonas donde el extractivismo no respeta el mínimo derecho de los pobladores.

 

Para entender la situación de los Pueblos Originarios es necesario revisar varios puntos.

Tierras en disputa

La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación presentó en abril de 2013 el informe “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”. El trabajo dispara que existen al menos 9.293.234 hectáreas en disputa que son pretendidas por sectores privados o por el propio Estado.

El estudio registró un total de 857 casos que afectan a 63.843 familias. Del total de conflictos relevados, el 32% (278) afecta a indígenas. En la mitad de los casos se registran hechos de violencia para obligar a las familias a abandonar las tierras. Además, de la totalidad de casos sólo el 39,6%o fue relevado hasta entonces como dispone la Ley 26.160 (aprobada en 2006, que frena los desalojos judiciales y ordena el relevamiento de los dominios de esas tierras). Entre las razones que originan los conflictos territoriales que afectan a pueblos indígenas se menciona en primer término el pedido de reconocimiento de territorio indígena (19,3%), le sigue en importancia títulos incompletos o inexistencias de títulos (12,1%), e invasión y usurpación de tierras (10,3%) y despojo (9,4%).

En cuanto al tiempo de vigencia de los conflictos relevados, se observa que el 33,5% tienen 20 años o más de antigüedad (por lo que están amparados por la usucapión o el derecho veinteañal, que permite reclamar al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios), el 43,1% entre 1 y 9 años y el 20,9% entre 10 y 19 años. “Esto podría atribuirse al impacto sobre la estructura agraria y los agricultores familiares de los cambios en el uso productivo de la tierra y la expansión de la frontera agropecuaria”, dispara el informe.

La región que cuenta con mayor conflictividad dentro del trabajo realizado en este primer informe oficial es el Noroeste, que concentra el 28,2% de los casos. Sigue la Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Las provincias con mayor cantidad de hectáreas en disputa son Salta (1.673.308), San Juan (1.236.709), Mendoza (1.225.805) y Jujuy (1.225.805).

Sin embargo, es Misiones la provincia con el mayor número de familias afectadas: 20.249. Es seguida por Salta (14.908), Neuquén (3.976) y Santiago del Estero con 3.528 casos.

Aunque cuenta con grandes limitaciones, sobre todo dado que el relevamiento de conflictos fue realizado en sólo tres meses de 2011, es una muestra representativa de la situación pero que no la abarca en su totalidad.

A modo de síntesis, el trabajo identifica al menos tres problemáticas, no excluyentes entre sí, que pueden complementarse según la particularidad de cada caso: 1) Inseguridad en la tenencia de la tierras: desalojos de familias rurales y éxodo de población rural; 2) Vulnerabilidad: dificultad o imposibilidad de acceso a la tierra y al agua; 3) Situaciones de falta de titulación dominial (posesión).

Además, afirma que “los problemas de tierra se han intensificado con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo y los procesos de patrimonialización”. También destaca la aparición de “nuevos propietarios” con títulos inciertos, “entregas indiscriminadas de tierras fiscales, cercamientos, desalojo de poseedores ancestrales de campos de cultivo y sus viviendas, destrucción de los canales de riego y pircas milenarias, ausencia de respeto a la propiedad de otros, tala de árboles centenarios, riesgo de contaminación y apropiación de acuíferos subterráneos, incumplimiento de la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.

Desalojos, leyes y relevamientos

A finales de 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26.160. Ésta declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Además, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras.

El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554. En septiembre de 2013 se volvió a repetir la situación y a través de la Ley N° 26.894 se extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017.

Durante todo el transcurso de aprobada la ley a la actualidad, los desalojos, amenazas y violencia contra Pueblos Originarios no ha cesado. En algunos casos, como en la provincia de Formosa, se han incrementado los niveles de violencia.

Según la última investigación presentada en julio de 2013 por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que realiza un seguimiento de la problemática, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5% de las comunidades y se utilizó el 76% del presupuesto. Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197 y las provincias con mayores conflictos territoriales tienen un nivel de ejecución escaso y hasta nulo, como en Neuquén y Formosa.

El trabajo titulado “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160” advierte el mal uso y desvío de los fondos, la desinformación por parte de funcionarios públicos, la falta de ejecución de los relevamientos y la continuidad de atropellos a los derechos de los indígenas.

En las provincias con mayor presencia de comunidades originarias y de mayor conflictividad territorial, el trabajo da cuenta de la falta de cumplimiento. En Neuquén y Formosa, en las que existen al menos 61 y 182 comunidades, respectivamente, para ese entonces y a casi siete años de aprobada la ley, la ejecución había sido nula. En la provincia de Chaco, que tiene registradas 101 comunidades, se relevaron sólo dos. En Misiones fueron relevadas 18 de 103, en Río Negro 50 de 124, en Santiago del Estero 12 de 52, en Chubut 14 de 108 y en Jujuy 30 de 295.

Recién para diciembre de 2013 comenzó el relevamiento en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. El caso es quizás uno de los más mediatizados de los últimos tiempos, sin embargo eso no impidió que se repita la misma situación que en conflictos más invisibilizados. La comunidad denuncia una serie de irregularidades y rechaza el relevamiento del INAI. El rechazo está bien fundado: 17 familias, incluyendo la de Félix Díaz, quedaron fuera del territorio comunitario reconocido. Además de la falta de consulta y participación de la comunidad, entre otras irregularidades. En un comunicado afirman que la comunidad “quedó sumamente decepcionada y enojada por la forma de proceder y por los resultados del relevamiento territorial”.

“La contracara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, dispara el informe de Endepa.

En 2010 varias organizaciones campesinas presentaron un proyecto de ley (que después del asesinato del campesino de Santiago del Estero, miembro del Mocase-VC, Cristian Ferreyra, lleva su nombre). El nuevo proyecto ordena frenar los desalojos por cinco años, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la función social de la tierra. Sin embargo y a pesar de haber contado con apoyo del oficialismo en un primer momento, que se comprometió a aprobarla antes de que finalice el 2012, esto nunca ocurrió. Como tampoco el respeto de la Ley Nº 26.160 y de ninguna de sus prórrogas.

Según el relevamiento de las organizaciones que redactaron el proyecto en ese entonces, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales y destinadas a vivir en los barrios más pobres de las grandes ciudades.

Los territorios son el principal campo de batalla donde se encuentran distintos modelos de producción y donde chocan los intereses. Los desalojos, las represiones, la violencia, la expulsión, crecen paralelamente con el corrimiento de la frontera agropecuaria y la profundización del extractivismo.

Profundización del modelo (sojero)

La primavera de 2011 fue testigo del anuncio de una de las políticas más ambiciosas y a su vez más clara del gobierno nacional: el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020).

La presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó en Tecnópolis, rodeada de funcionarios y empresarios del agronegocio, el Plan: un programa detallado desarrollado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y académicos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la producción granaria: pasar de las 100 millones de toneladas, de cuya totalidad la mitad es soja, a 160 millones para 2020. También planifica un avance en la superficie sembrada: pasar de las más de 33 millones de hectáreas actuales a los 42 millones.

En 1991 se sembraron cinco millones de hectáreas con soja en el país. Para el año 1996, cuando se aprobó el ingreso de la semilla transgénica, la superficie sembrada era de seis millones. En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, era de 11 millones. El año 2012 cerró con un nuevo récord que fue presentado como un logro: 19,8 millones de hectáreas fueron sembradas con soja, lo que equivale al 56% de la tierra cultivada en todo el país. Con el PEA, para el año 2020 la superficie de tierra cultivada con soja podría superar los 25 millones de hectáreas.

Según el informe “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas”, elaborado durante meses de trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, en 2010, más del 50% de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores del país. Esto demuestra el grado de concentración de la producción, que va de la mano con la sojización, y también la desventaja competitiva en la que se encuentran quienes realizan agricultura en pequeña escala frente a la empresa del agronegocio que cuenta con un combo de maquinarias, transgénicos, agroquímicos, y toda la tecnología y los medios de producción a su alcance.

Lo que no dijo la presidente cuando presentó con orgullo las metas que “impulsarán al país como potencia alimentaria” es quiénes son los que pierden. Los Pueblos Originarios y campesinos son los perdedores implícitos en el plan. Para alcanzar semejantes cifras es necesario avanzar aún más sobre territorios indígenas o campesinos, lo que se traduce en más desalojos y expulsiones, más violencia, deforestación, y mayores usos de tecnologías como transgénicos y agrotóxicos. Y por otro lado en mayor concentración de la tierra, mayores ganancias para los empresarios del agronegocio, para las multinacionales, para las exportadoras de granos y una cada vez más profunda reprimarización de la cadena productiva.

De su propia voz

En el año 2010, en el marco del Bicentenario, se dio un hecho histórico que recordó a aquel Malón de la Paz de 1946, pero que esta vez reunió a indígenas de todas partes del país. Los Pueblos Originarios llegaron hasta la Plaza de Mayo y luego, algunos representantes fueron recibidos por la Presidente. La principal demanda de los pueblos fue el territorio y el respeto de sus derechos.

El periodista Darío Aranda, autor de Argentina Originaria, en una crónica completa dio a conocer el diálogo entre la Presidente y las autoridades indígenas. A partir de los audios de la reunión de la mandataria con 15 autoridades indígenas pudo reconstruir el diálogo en el que puede leerse claramente cuál es la posición de Cristina Fernández frente a los reclamos y las incertidumbres presentadas por los referentes.

La reunión, como describe Aranda, comenzó con agradecimientos mutuos y clima ameno, “pero pronto pasó a las respuestas insatisfactorias, chicanas, reproches y se transformó, para las comunidades, en decepción”. La Presidente aclaró que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades, les pidió ser “inteligentes” (varias veces) para “aceptar los avances de la modernidad” y finalizó con una triste comparación entre momentos históricos diferentes para negar u omitir una realidad: el genocidio, el abandono y el silencio histórico del Estado argentino con los Pueblos Originarios.

La crónica y los audios de la reunión son más que claros y hasta chocantes. La prioridad del modelo extractivo sobre los derechos de los indígenas, la falta de anuncio o respuesta concreta respecto a los pedidos de la marcha, y el llamado constante a ser “realistas” e “inteligentes”, son algunas de las conclusiones más directas que pueden sacarse.

Pasaron cuatro años de aquella histórica marcha y los reclamos llevados por las comunidades siguen aún vigentes, algunas de las problemáticas se profundizaron, y la Presidente cumplió con su palabra de darle prioridad al extractivismo.

Incompatibilidad

El extractivismo es la actividad que se basa en la explotación de los recursos naturales. El agronegocio (con la soja como pilar), la megaminería, las explotaciones hidrocarburíferas (sumadas las no convencionales, y el fracking como nuevo recurso tecnológico) y el monocultivo de árboles son las principales actividades extractivas en el país. El rumbo del gobierno, que ya lleva más de una década, se dirige a seguir profundizando esta política.

Comunidades indígenas en diferentes puntos del país sufren las consecuencias. Los que son desalojados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los que sufren las terribles consecuencias de la megaminería, los que ven sus territorios tomados por petroleras, los que sufren represiones por resistir o reclamar, los que son judicializados, los que son asesinados, los que sufren violencia constante por parte de empresarios y sicarios, los que sufren los efectos de los agrotóxicos, los que sufren el hambre y el abandono. Junto con esto, va creciendo la cantidad de familias expulsadas de sus territorios y obligadas a pasar a engrosar las villas en las grandes ciudades.

Mientras tanto el extractivismo se cobró una docena de vidas sólo en los últimos cinco años. Los asesinatos (y algunas “muertes dudosas”) se dieron siempre en comunidades con algún grado de conflictividad y/o resistencia. Javier Chocobar en Tucumán (2009), Sandra Juárez en Santiago del Estero (2012), Roberto López y Mario López en Formosa (2010), Mártires López en Chaco (2011), Cristian Ferreyra en Santiago del Estero (2011), Miguel Galván  en Santiago del Estero (2012), Celestina Jara y la beba de diez meses Lila Coyipé en Formosa (2012), Imer Flores en Chaco (2013), Juan Daniel Díaz Asijak en Formosa (2013), Florentín Díaz del Chaco (2013).

Toda esa sangre regada en la tierra tiene como correlato común el silencio de la Presidente que jamás se pronunció frente a estos asesinatos. Tampoco de la grave situación de tantas comunidades que viven en extrema pobreza sin recursos básicos como el agua, alimentación y vivienda digna.

El Estado pone todas sus fichas en las actividades extractivas, en la explotación de los recursos naturales, principalmente de manos de empresas transnacionales. Es ahí cuando choca con la vida y con los derechos de las comunidades originarias. Cuando Cristina Fernández de Kirchner pedía que sean “inteligentes” en aquel acto de subestimación, lo que estaba pidiendo es que dejen avanzar a las industrias extractivas y que aprovechen las situaciones (los que pueden, si es que hay algo).

Durante todos estos años eso no sucedió. Si bien un gran sector es cercano al gobierno y otros apoyan ciegamente proyecto “nacional y popular”, es un hecho que el movimiento indígena ha encontrado cada vez más espacios para la organización y la lucha. Así también como ha ido creciendo la resistencia en varias comunidades.

Jorge Nahuel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Consejo Plurinacional Indígena, en una entrevista en la edición de SURsuelo de enero de 2013 concluyó: “El modelo no es compatible con la vida de los pueblos originarios, por el contrario, ese modelo de depredación y destrucción confronta directamente con lo que los indígenas vienen promoviendo: una vida basada en el respeto y la armonía con el entorno natural que siempre nos rodeó y que queremos preservar”.