Domingo, 20 Mayo 2012 22:45

Pedro Blaquier: Las mil formas de escaparle a la justicia

Escrito por  Lucas Paulinovich

Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, colosal corporación azucarera del norte del país, finalmente debió comparecer ante la justicia en el marco de la causa que lo implica como cómplice en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

No le quedó otra opción a Carlos Pedro Blaquier más que presentarse a las pericias médicas. Ya había escapado como laucha por tirante en un par de oportunidades. El 18 debía presentarse a declarar en la causa por los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en los que está implicado como cómplice. Más concretamente: eran los vehículos de su empresa, el ingenio Ledesma, los que salieron a recolectar militantes políticos y trabajadores la recordada “Noche del Apagón”. Fue entre el 22 y el 24 de julio de 1976, con la dictadura en ciernes.
Aquella noche, de un momento al otro, la luz se cortó y el departamento jujeño de Ledesma se hundió en tinieblas. La oscuridad fue ideal para que las comadrejas represoras salieran de cacería: varias casas fueron saqueadas en los oscuros Libertador General San Martín y Calilegua. Fueron 400 trabajadores, estudiantes y profesionales los trasladados a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Estuvieron meses atadas y encapuchados, sometidos sistemáticamente a torturas y demenciales interrogatorios. A 370 prisioneros le concedieron la ambigua gracia de ser liberados, enviados a comisarías y cuarteles o destinados a cárceles de otras provincias. Treinta permanecen desaparecidos. Luis Arédez, médico y ex intendente de Ledesma, es uno de ellos.
Imperdonable indecencia, en sus años de gestión pública, Arédez había intentado cobrarle impuestos a Ledesma y recuperar para la municipalidad parte de las tierras amontonadas por el ingenio. Pero no acababan allí sus atrevimientos irrespetuosos para el poder: antes había sido medico laboral de la empresa, cargo del que fue despedido. Más tarde, los propios trabajadores, a través del sindicato azucarero, lo buscaron para que trabajara en la obra social y atendiera a los empleados. Tantos agravios fueron respondidos el 24 de marzo de ’76, como inauguración sangrienta de la dictadura militar que asumía, cuando un grupo de policías uniformados y soldados irrumpieron en su casa y lo arrastraron hasta un auto blanco. El vehículo llevaba un logo y una inscripción: Empresa Ledesma.  

Sobre cómo escaparle a la justicia durante años de democracia

Ser el dueño de una de las empresas más poderosas del país implica sus privilegios. Por ejemplo, el privilegio de la impunidad. Pedro Blaquier es, por así decirlo, una de las patas civiles del golpe de Estado de 1976. Es decir: es un hombre con peso e información. Tocarlo no es sencillo, como lo expresó Mariana Vargas, abogada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en una entrevista con Bárbaros, de radio Universidad. ¿Por qué la justicia se vuelve lenta y torpe y no se los detiene a Pedro Blaquier y a Alberto Lemos? “Ledesma es una de las empresas más poderosas de la Argentina. Y más allá de que tenga algunas contradicciones con el poder de turno, aunque solo por algún momento, entiendo que va a ser muy difícil que se lo toque. Obviamente que igual será la lucha del movimiento popular para lograrlo”, responde Vargas.
Las piruetas del empresario tienen un largo recorrido. Las causas en su contra se unificaron recién en 2009, pero la primera querella presentó su denuncia en 2005, por la desaparición de Miguel Ángel Garnica, víctima de los secuestros masivos en el pueblo. Así lo confirma el abogado querellante, Pablo Pelazzo.
Blaquier tuvo suerte: durante años gozó de los privilegios de un juez que hacía todo lo posible para dejarlo en libertad. Las más de tres décadas de impunidad estuvieron a resguardo del juez federal Carlos Olivera Pastor. Gracias a las movilizaciones de organizaciones políticas y de derechos humanos, Olviera Pastor, que rechazaba de plano los pedidos de indagatoria, debió renunciar y la causa, mágicamente, cobró dinámica.
Se hizo cargo el juez Fernando Poviño, que inmediatamente citó a Pedro Blaquier y al ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, que se negó a declarar y el juzgado, pese a los altisonantes pedidos de encarcelamiento, lo dejó en libertad. Blaquier debía presentarse el 18 de mayo, pero se excusó alegando problemas de salud, viejo recurso de los cola de paja. Este argumento le sirvió para escapar del país hacia Europa, donde, aparentemente, solo podía ser tratada su curiosa enfermedad. Los querellantes pidieron al juez que dictara la captura internacional y, ante el riesgo de ser un prófugo global, Blaquier reapareció en el país.
Jorge Auat, fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causa por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, aporta a la sospecha: “Esta citación abona lo que sostuvimos siempre: la causa de la falta de avance en las causas de Jujuy era Olivera Pastor. Qué casualidad que desde que se cambió el juez no sólo cita a Blaquier sino que también allana el ingenio Ledesma”. El retraso de la justicia es la forma en que continúa triunfando el terrorismo de Estado: “En Jujuy hay 130 víctimas y no hay juicios. Durante todo este tiempo se murieron testigos e imputados. También murió la viuda de Aredez”. Blaquier jugaba con los árbitros a su favor.

Mariana Vargas también se refirió al respecto en la entrevista con Bárbaros (Radio Universidad de Rosario): “Ni bien asumió Poviño citó a indagatoria a Blaquier. Hizo también un allanamiento en la empresa Ledesma, donde se secuestraron informes de inteligencia de la empresa. Nosotros decimos que es un “Proyecto X” privado, porque aparecían seguimientos, de individualización de patentes de autos de participantes de una de las marchas del Apagón en Libertador del año 2005, lo que nos planteó otra situación, más allá de los pedidos de cárcel, ya que fueron participes de los secuestros y torturas. Tenemos un problema en nuestro país: si bien está prohibida la inteligencia a organizaciones sociales y personas en función de sus ideas políticas, lo cierto es que no es delito, ni para el ámbito estatal ni para el ámbito privado”.

Y ahora, ¿quién podrá defenderlo?

Pedro Blaquier sí que sabe elegir a sus defensores. Horacio Aguilar, su abogado, tiene una curiosa historia, pareja con la del ex juez federal y actual defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, que se apuró a declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2001 y convertirse en el abogado de Clarín en la investigación sobre los hijos adoptivos de la dueña del multimedio.
Por su parte, Aguilar fue juez federal en Jujuy. Por sus manos pasaron las causas que investigan las detenciones y desapariciones en el Ingenio Ledesma, lo que permite imaginar la imparcialidad con que era manejado el asunto. Fue el antecesor del célebre Olivera Pastor. Tuvo que dejar su puesto porque le llegaron dos ofertas demasiado tentadoras como para rechazarlas: pasaría a ser asesor en “temas jurídicos, de administración general y derechos humanos” del muy progesista –y con sueños presidenciales- gobernador salteño por el kirchnerismo, Juan Manuel Urtubey, y se ocuparía de la representación judicial del dueño del grupo Ledesma. Sin lugar a dudas: un convencido.

A casi un año de su última obra

El deber de comparecer ante la justicia llega muy cerca del aniversario de los violentos desalojos ocurridos en julio de 2011 en terrenos que pertenecen al ingenio Ledesma en Libertador General San Martín. Esas tierras eran reclamadas por cientos de familias que solo pedían un techo para sobrevivir. Fueron brutalmente castigados, como si en los golpes cobrara fuerza la nostalgia de otras épocas. Murieron cuatro personas y hubo un centenar de heridos. Las tragedias personales engordaron los números de la muerte: sumaron catorce a los muertos en manifestaciones sociales durante la gestión kirchenerista –sin contar los dos desaparecidos en manos de fuerzas policíaco-militares: Jorge Julio López y Luciano Arruga-, que tuvo el indudable logro de juzgar y castigar a militares, pero no pudo repetir la gesta con los autores civiles de la masacre. Para las 700 familias que reclamaban tierras y viviendas, la única respuesta fue la impunidad.

Blaquier continuaba sus andanzas

Vigilar y controlar, la vieja receta de dominio, en este caso, estaba condimentada con el secuestro y la tortura en caso de encontrar resistencias. “Lo que si existe en el ámbito privado como sanción, es la inhabilitación como empresa de seguridad de quien se constituye en eso”, agrega Vargas. Por lo tanto, se espera que el Ejecutivo provincial desmantele e inhabilite a Ledesma como empresa de seguridad.
La alianza con el poder político cobró un papel fundamental para la articulación de la injusticia. El gobernador de la provincia, que pertenece al kirchnerismo, acusó a la justicia y a la empresa, pero solo resolvió despedir a su ministro de Gobierno. Blaquier no fue tocado. Desde la Casa Rosada tampoco se oyeron las condenas. El abrazo entre poderes seguía firme.