Viernes, 30 Junio 2017 22:48

Cobertura Universal de Salud: del derecho a la mercantilización

Escrito por  Natalia Navarro
Foto: Sofía Alberti (Prensa SIPRUS)

Tras el avance de la Cobertura Única de Salud (CUS) a nivel nacional, los trabajadores del sector exigen que Santa Fe no adhiera a la reforma. Plantean que el acceso de la población al sistema es un derecho constitucional y que esta política implica un recorte que beneficiará a sectores privados. Diego Ainsuain, referente de Siprus Rosario, detalló las implicancias de estos cambios. “Llegará un punto en que el Estado no podrá competir, no invertirá más y pasará a ser un monopolio”, advirtió.

En agosto de 2016, el Presidente Mauricio Macri anunció la creación de la Cobertura Única de Salud (CUS) a través del  Decreto Nº908. Esta reforma  fue presentada como un registro universal de las personas que carecen de obra social, para que puedan recibir atención en el sistema público y acceder a descuentos en la compra de medicamentos con una credencial.
La reforma avanza y ya han adherido 14 provincias. Desde este anuncio, los trabajadores de la salud se han movilizado para denunciar que esta política encubre un recorte de los servicios sostenidos por el Estado. En Santa Fe, los sindicatos y otros colectivos vinculados al sector están luchando para que esta jurisdicción no adhiera a su aplicación.
Detrás de la reforma

En dialogo con La Brújula de Semana, Diego Ainsuain, del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) de Rosario, planteó que esta medida esconde varias trampas.
En principio, desde lo semántico: “Por el propio marco constitucional, en Argentina no hay ninguna persona que no tenga cobertura. Cuando se dice ‘sin cobertura’, se refiere a personas sin cobertura privada. Los entre 15 y 17 millones de habitantes que hoy no tienen esos servicios cuentan con un sistema de salud pública estatal y gratuita, que está garantizado en la mayoría de las constituciones provinciales con distintas modalidades”, contextualizó.

En ese sentido, explicó que la idea de una “cobertura universal” fue impulsada históricamente por movimientos sanitaristas, que planteaban la salud como un derecho. Pero paulatinamente fue apropiada  por organismos como la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Banco Mundial, fundaciones privadas y otras usinas, para generar consenso en la necesidad de ampliar la cobertura de salud para quienes no acceden al sistema público. No obstante, este diagnóstico oculta que “mucha gente que tiene una supuesta cobertura, recurre a al sistema público” por el alto costo o la mala calidad de las prestaciones privadas.

A nivel económico, en Argentina el dinero invertido en la salud  representa el 10% del PBI, siendo uno de los principales rubros del gasto público. Sin embargo, menos de un tercio de esa suma es aportada por el Estado. El resto es sostenido por el pago de los afiliados a las obras sociales y a prestaciones privadas. La sugerencia por parte de organismos internacionales es que la inversión del Estado sea no menor al 6%. Entonces, “lo que se pretende discutir no es cómo aumentar ese 3,3 % del PBI sostenido por el Estado, sino cómo hacer para que eso beneficie a la grandes compañías de medicina prepagas, a las industrias farmacéuticas y otros actores privados”, remarcó.
Desde el aspecto previsional, la CUS no concibe a la salud como un derecho. “Cualquier usuario de una obra social sabe que tiene un determinada cantidad de prácticas reconocidas, que constituyen el Programa Médico Obligatorio (PMO), y otras no reconocidas que hay que pagar. La CUS consiste en esa canasta básica que se va garantizar, como primer parte de la cobertura, a través de un carnet”, explicó el referente gremial.  

En relación a esto, puntualizó que este documento funciona como un “carnet para pobres”, porque la nómina de beneficiados se extrae de los registros de usuarios de planes focales nacionales como el Plan Remediar, Plan Nacer, el Plan Sumar y otros destinados a personas sin cobertura privada, que continúan desde gestiones anteriores. Desde el Ministerio de Salud de la Nación justifican su implementación como una herramienta de referencia para los distintos efectores. Pero la realidad es que esas prestaciones básicas “hoy se pueden realizar sin ningún carnet”, aclaró.

Además, la CUS pone a lo público y lo privado en competencia, facilitando la tercerización de servicios; ya que las prestaciones no necesariamente debe brindarlas el Estado, sino que el paciente podrá acceder a otros centros con los que se concrete el convenio. Como ejemplo, señaló: “El 80% de los lugares donde se realizan diálisis pertenecen al sector privado. Frente a eso, el ministro de Salud de la provincia planteó que al Estado no le conviene comprar máquinas de hemodiálisis, porque sale mucho más barato hacerlas afuera. Si esto se generaliza, llegará un punto en que el Estado no podrá competir, no tendrá más tecnología, no invertirá más y ese sector pasará a ser un monopolio”.

En el caso del acceso a los medicamentos, el panorama se avizora de manera similar. “El usuario podría ir con ese carnet a una farmacia, a la cual el Estado luego le realizará una transferencia. Esto implica que un sector gana en toda la cadena de comercialización y, tarde o temprano, se puede dejar de invertir para que los laboratorios estatales hagan medicamentos que sean más económicos para el sector público”, explicó.
Para culminar, enfatizó que esta reforma es utilizada como instrumento de presión fiscal del gobierno nacional hacia las provincias, puesto que las jurisdicciones que han adherido son las que están ahogadas financieramente. En el caso de Santa Fe, solo el 5% del gasto en salud pública proviene de fondos nacionales.

A principios de junio, se lanzó el Movimiento por el Derecho a la Salud. Se trata de un espacio multisectorial que, entre otras acciones, presentó una campaña para solicitar al ministro de Salud de la provincia, Miguel González, la no adhesión a la CUS. Se están recolectando firmas que serán entregadas a la autoridades, ya sea de personas como de organizaciones, tanto en papel como de manera virtual.

La entrevista completa en La Brújula de la Semana.