Lunes, 08 Mayo 2017 16:47

Todo lo mismo es mas impunidad

Escrito por  Germán Mangione

Editorial del programa La Brújula de la Semana del 06 de mayo de 2017

En medio del debate, y el repudio, que generó el fallo de la corte que otorga el beneficio del 2 x 1 a los acusados de crimenes de lesa humanidad, intentamos desentrañar el peligro que conlleva el mensaje del mismo al igualar los delitos de lesa humanidad a delitos comunes. ¿Son lo mismo?

 

No pretendo entablar un debate jurídico ni mucho menos, principalmente por mi falta de formación en el derecho de lo que se desprende mi falta de herramientas, más allá de la curiosidad periodística, para un debate de esa calaña.

Es por eso que no recurrí para comenzar a esta columna más que a la información que cualquiera, con acceso a una computadora e internet, puede tener.

Lo que si tengo es curiosidad por entender y es por eso que más allá de la indignación que me generó esta semana el fallo del 2 x 1 para los genocidas me empecé a preguntar qué significaba el mismo. Y lo que a primera vista se desprende de los comentarios de de los argumentos de los 3 jueces que con su voto posibilitaron este fallo, es que dan un mensaje de que todos los delitos son iguales.

El máximo tribunal de nuestro país, la corte suprema, declaró aplicable la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, en el caso de Luis Muiña. Los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti votaron por la afirmativa, mientras que en disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda

Lo que parecen decir con este fallo es que a los delitos por lo que Muiña está condenado, que son delitos de lesa humanidad, se les puede aplicar la misma doctrina que a los delitos comunes que figuran en el código penal. Destrozando así una construcción legal, política y sobre todo cultural que va más allá de la construida en nuestro país desde a vuelta de la democracia y se remonta al mundo post nazismo.

¿De dónde viene esa concepción que considera especialmente graves los delitos de lesa humanidad, y por tanto merecedores de una doctrina legal diferente? ¿Cómo se construyó?
Un breve recorrido por la historia de esa construcción legal y cultural quizás ayude a explicar lo grave de igualarla a cualquier delito.

En el derecho moderno el concepto nace con el Acuerdo o Carta de Paris de 8 de agosto de 1945, que estableció el Estatuto del Tribunal de Núremberg, y definió como "crímenes contra la humanidad" el "asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra".

Comenzó con la derrota de los nazis. Cuando hubo que empezar a juzgar las consecuencias de aquel régimen del terror, que sorprendió al mundo y mostró una de las caras más crudas y terribles del capitalismo imperialista. Y quizás, allí la humanidad se dio cuenta que no tenía una vara legal para medir semejante horror. Porque seguramente hoy nadie se atrevería a decir que los crímenes del nazismo son iguales a cualquier crimen que alguien cometa individualmente, incluso cuando sean crímenes comparables por separado.

Por eso en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96 sobre el crimen de genocidio, que define como "una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros", entre ellos los "raciales, religiosos o políticos", instando a tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen.

La definición de genocidio plasmada en aquellos tiempos fue tomada luego en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 1993, el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional.

Las guerras étnicas de Yugoslavia de principios de los 90 o de Ruanda en la misma época también obligaron a pensar que no todos los crímenes son iguales, por más que se usen incluso los mismos métodos. Los genocidios deben tener un tratamiento especial.
Volviendo a la historia del concepto de crímenes de lesa humanidad, fue el Estatuto de Roma sancionado en julio de 1998, con el que se creó la Corte Penal Internacional, la base sobre la que luego se entenderían y juzgarían en la modernidad este tipo de delitos y los cometidos en nuestra dictadura.

Un dato no menor es que durante la Conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de este. Países en donde el estado ha sido el principal empleador de los métodos del terror descriptos en aquel estatuto como crímenes de lesa humanidad. Pese a esto, tanto Israel como los Estados Unidos firmaron pero no ratificaron el Tratado.

Y así llegamos hasta el concepto. Es crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, concepto utilizado para juzgar a los genocidas de nuestra última dictadura cívico militar, todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Hasta esta semana a nadie se le hubiese ocurrido que esta descripción le cabe a cualquier tipo de delito. Salvo a aquellos voceros de los genocidas que durante todos estos años se empeñaron intencionalmente en compararlos.

Un ejemplo de esa comparación es la que utilizan quienes siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios, e intenta equiparar los crímenes cometidos por los grupos armados revolucionarios y la guerrilla, con los cometidos desde el estado.
Sin embargo y a pesar de la insistencia de los grupos vinculados a la dictadura de compararlos hasta ahora a ningún jurista se le habría ocurrido hacerlo, por lo menos legalmente.
Sin embargo el fallo del 2 x 1 dictado esta semana con los votos ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, parece haber abierto esa puerta. Y lo grave no es que mediante esta jurisprudencia a algún magistrado se le ocurriese plantear que los grupos armados revolucionarios cometieron crímenes de lesa humanidad, cosa que jurídicamente es imposible de argumentar.

Lo grave comienza respaldarse la relativización conceptual que se da sobre lo diferente de los crímenes de lesa humanidad.
Se les baja un escalón, porque como explica el jurista Andres Gil Dominguez “la mayoría de la Corte Suprema consideró que para la resolución del caso debía invocarse el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, y por ende, aplicarse la ley 24.390 aunque se tratara de un delito de lesa humanidad que en el supuesto de la desaparición forzada de personas es de carácter permanente. El argumento implícito en esta postura parte de la base de considerar que entre los delitos ordinarios y los delitos de lesa humanidad no existe ninguna diferencia estructural que permita aplicar un régimen distinto en la ejecución de la pena”
Años de construcción política, legal y cultural comienzan a resquebrajarse con este fallo, y quizás sean, a mediano plazo, más nocivos para nuestra sociedad que los indultos, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Porque estos intentaban ocultar, tapar u olvidar los atroces delitos cometidos durante la dictadura, pero siempre sobre la base de entender que era delitos más graves que cualquier otro.

Este fallo deja un mensaje peor, los delitos y por tanto quienes los cometen, son todos iguales, no importa si se sirven de la maquinaria estatal, como hizo Luis Muiña en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, la madrugada del 28 de marzo de 1976 cuando con un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención "El Chalet" que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados, como le pasó a Gladys Cuervo a quien le rompieron el esternón, varias costillas y le provocaron quemaduras con encendedores y colillas de cigarrillos en el cuello. Además de hacerle el submarino varias veces y picanearla otras tantas.

Ante tal panorama solo nos resta esperar que tantos años luchar en la calle por hacer conocer los horrores y las diferencias entre un delincuente común y estos delincuentes que condujeron el estado para enriquecer a las minorías a costa de asesinar a miles de argentinos, hayan dejado su huella en nuestro pueblo más allá de los vaivenes de la política y las leyes.

Porque si logran mezclarnos todo, porque si logran igualar todo y que perdamos de vista las diferencias corremos el riesgo de naturalizarlo y repetir lo peor de nuestra propia historia.