Lunes, 07 Noviembre 2016 09:55

Trabajadores en defensa de los derechos de niños y adolescentes

Escrito por  Tamara Fernández Casal

Mientras la ley plantea garantizar la promoción y protección de los derechos de los menores, los trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, denuncian que en la práctica la realidad es otra y exigen la real puesta en marcha de la ley. Una constante vulneración de derechos, mala distribución de recursos, falta de alojamientos adecuados, precarización laboral y la represión policial vivida días atrás, los llevan a manifestarse haciendo públicas sus demandas.

Desde hace un tiempo, y a pesar de la negativa de los trabajadores, la institución cuenta con personal policial. Ellos fueron quienes el pasado 31 de octubre, sin mediar palabra, incitaron a la violenta detención de dos adolescentes y la agresión de los acompañantes personalizados que estaban a su lado. Este ilegal accionar de las fuerzas de seguridad constituye un elemento más que caracteriza la situación de emergencia en torno a las  políticas destinadas a la niñez. Cabe señalar que esos chicos, no solo forman parte de los dispositivos de contención de la esta dependencia, sino que asisten a la institución todos los días por diferentes razones, entre ellas, para retirar los tickets de comida para el almuerzo, como sucedió en esta oportunidad.

Así fue como el miércoles 2 de noviembre, los acompañantes personalizados realizaron un acampe por 48 horas frente a las puertas de la Dirección, ubicada en Ctda Ricardone 1345. Apoyados por los integrantes de los equipos interdisciplinarios y con los niños y adolescentes presentes, reclamaron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que cumpla con sus funciones y con la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha ley, promulgada en abril de 2009 bajo el N° 12.967, establece como interés superior en la provincia de Santa Fe, el respecto y cumplimiento de los derechos de las personas hasta 18 años de edad. Plantea que ante un caso de violación o vulneración de derechos de un menor, el estado es el responsable de restituirlos, a la vez que debe generar estrategias y programas para concientizar y evitar nuevos casos. Plantea que el órgano de aplicación de la ley es la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, teniendo a su cargo la ejecución y el control de las estrategias dirigidas a este sector.

La unidades que constituyen la puesta en marcha de la ley, están divididas en dos niveles: el primero, compuesto por los Servicios Locales (que aún hoy no está implementado), los Centros de Acción Familiar,  los efectores de salud y educación; y un segundo nivel donde interviene directamente la Dirección Provincial. Además plantea la existencia de dos tipos de medidas: de Protección Integral y de Protección Excepcional. La primera se implementa ante una amenaza o violación de derechos con el objetivo de restituirlos, casi siempre trabajando en el hogar o lugar habitual de los chicos. Las otras, se efectúan cuando el Servicio Local junto a los equipos interdisciplinarios manifiestan haber agotado las medidas dispuestas por la ley, y al continuar el menor en riesgo, consideran necesario aplicar medidas de protección excepcional.

Pero el primer nivel está incompleto al no funcionar el órgano local de promoción y protección de derechos, organismo que tiene que estar en todos los municipios y debe encargarse de promover y promocionar los derechos en el territorio donde convive cada chico. “Este servicio es el que debe articular los centros de salud, los Centros de Convivencia Barrial (CCB) y las escuelas de los barrios, que forman parte del primer nivel, con el segundo. Al no existir, todas las situaciones llegan directamente a la Dirección de Niñez, que no da a vasto por estar atiborrado de casos y por no hay personal suficiente para hacerse cargo de todas estas situaciones que, al dejar pasar el tiempo, llegan todas prendidas fuego. Con este servicio no llegarían en tan grave estado”, explicó el acompañante personalizado Juan Pablo Guadagnoli,

Entre las preocupaciones planteadas por los trabajadores, se encuentra la cuestión del alojamiento de los chicos y la inexistencia de un lugar donde puedan desarrollar su vida durante el día. En muchos casos, los niños y adolescentes son retirados de sus hogares por existir un riesgo en sus familias o su entorno, y pasan a estar bajo la compañía de los equipos interdisciplinarios, compuestos por psicólogos, abogados, trabajadores sociales y acompañantes. Ellos comienzan a trabajar distintas estrategias para lograr sostener el cambio que atraviesan al no estar en sus casas ni en su propio barrio.
Mariana Palacios, quien se desempeña como acompañante, considera que es grave que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia no se esté cumpliendo con la ley, y que además no se cuente con alojamientos estatales adecuados donde puedan dormir y realizar actividades recreativas. Manifiesta que “no se está llevando a cabo la ley, porque la distribución de los recursos están mal gastados, se hacen convenios con clínicas privadas con lógicas manicomiales, con hogares privados religiosos, que también violan derechos. Todo esto porque no hay hogares del estado en condiciones”.   

Lo mismo indica Juan Pablo, al hablar de los lugares que están habilitados en la actualidad: “ninguno cumple con los estándares mínimos que exige la ley. Los que existen están llenos de pibes, no hay agua caliente y se le caen los techos”.

Los chicos “deambulan”

Según explican, muchos adolescentes llegan a los quipos  de “autonomía progresiva”, donde solo tienen un lugar donde dormir desde las 20 hasta las 8 horas del día siguiente. El resto de la jornada no tienen otro lugar a donde estar, por ese motivo, “los chicos están todo el día en la calle, y llegan a la Dirección de Niñez, porque es un lugar de referencia, donde estamos nosotros (los acompañantes)  y los equipos”, dice Mariana.

“Solo tienen un lugar para dormir, como por ejemplo en Centro de Permanencia Transitoria (CPT), que como lo dice la palabra, es transitorio. A las 8 de la mañana por más que llueva, se tienen que ir, sin importar que a donde. Por eso deambulan pidiendo tickets de comida, como paso el lunes, quieren una computadora, y otras cosas, pero no tienen un lugar donde estar”, comenta Iara Rivero, una de las acompañantes presentes en el acampe. Otro de los lugares donde pasan la noche, son hostels, pensiones  y hoteles, cuestión que no es aceptada por el grupo de acompañantes pero que fue decidido por la gestión anterior de la Dirección, “por la ausencia de instituciones públicas donde llevarlos, haciendo que esa medida se sostenga por más tiempo”.

No hay dudas que esos lugares no son los adecuados para tratar y contener las problemáticas que atraviesan los chicos, aunque en varias ocasiones esas horas las pasan con un acompañante. Ambas coinciden en que esos lugares no ayudan a protegerlos ni dejan de vulnerar sus derechos. “Generalmente hay un doble discurso al pedirle al adolecente que se reintegre, que deje de consumir, y que salga del circuito de calle, pero tan solo se le ofrece una pieza, sin ningún tipo de actividad, ni un equipo profesional, sin contención y con acompañante las 24 horas, donde hay una línea fina entre el trabajo que cumple realmente el acompañar, y a su vez es una figura más de cuidado y vigilancia al estar todo el tiempo con una presencia absoluta sin poder tener una alternativa de trabajo distinta y completa”, expresa esta trabajadora.

Los tres coinciden que lo sucedido el lunes, fue un hecho muy grave donde hubo violencia hacia dos menores de edad y hacia ellos mismos. “Ahí dijimos basta, porque queremos dejar de ser un parche de algo que no está resolviendo el Ministerio de Desarrollo Social provincial y los funcionarios, que ni siquiera dan la cara”, declaró Mariana Palacios.

Denuncias y exigencias a los funcionarios responsables

Entre las demandas difundidas en un documento público divulgado durante el acampe, se destacan: la existencia de alojamientos adecuados para que dejen de estar en hostels, hoteles o pensiones; el funcionamiento de un servicio local para garantizar la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con una correcta articulación de los CCB, las escuelas y la Dirección Provincial. Por otro lado, piden la regularización de las modalidades de contratación de los más de 200 acompañantes que forman parte de los equipos llevando adelante las estrategias en conjunto, pero que trabajan sin estar anotados como trabajadores del estado.

Además, la creación de un equipo interdisciplinario que “aborde transversalmente y específicamente las situaciones de violencia de género”, ya que hoy en día no existe y es necesario para poder tratar las situaciones de violencia vividas por las mujeres adolescentes niñas.

También exigen que el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR) -que si bien pertenece al Ministerio de Justicia Penal Juvenil-, no funcione como un “lugar de tránsito, ni alojamiento” para los jóvenes. Al entender que, fundamentalmente no es un lugar para alojar a los chicos y que “es una institución totalmente represiva que se constituye como una cárcel de menores, y al no haber alternativas, lo único que hacen es seguir aumentando esta lógica represiva hacia los adolescentes al enviarlos allá”, con servicio penitenciario, rejas y encierro.

Otra de las demandas es la implementación de acuerdos interministeriales para tratar situaciones de consumo problemático. Donde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud entablen estrategias en común para trabajar estas problemáticas interdisciplinariamente. Según cuenta Iara, muchas situaciones de vulneración de derechos de los niños, se ven agravadas por el consumo problemático de sustancias y no hay un abordaje sobre eso al no haber una diferenciación en el tratamiento”.

Pasos a seguir

Luego de acampe, continúan a la espera de respuestas por parte de los responsables del Ministerio de Desarrollo Social, y para acordar la continuidad de las demandas se reunirán este lunes, nuevamente en asamblea. Por la tarde fueron invitados por la concejala Celeste Lepratti a una reunión en el Consejo Deliberante para tratar la situación en torno a la Niñez.

Aunque aún no está confirmado, tienen planteada para el próximo jueves a las 18 hs en La Toma, una asamblea abierta para que puedan participar todos los medios y organizaciones sociales que los apoyaron.