Miércoles, 19 Octubre 2016 23:30

Comienzo del juicio Guerrieri III

Escrito por  Tamara Fernández Casal - Fotografías: Fernando Der Meguerditchian - Yamila Suárez

El pasado jueves inició el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario. En esta causa se juzgarán los crímenes cometidos por diez represores contra 47 personas, de las cuales 24 continúan desaparecidas. Del total de los imputados, uno se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados al haber estado prófugo en los juicios anteriores. Se abre de esta manera un nuevo proceso de memoria, verdad y justicia.

Convocados por el espacio Juicio y Castigo, diferentes organizaciones se nuclearon en la puertas del Tribunal Oral Federal Nº 1, para acompañar y dar su apoyo a los testigos y querellantes de la causa conocida como Guerrieri III. Cerca de las diez de la mañana comenzó la audiencia que fue trasmitida en el exterior por una radio en vivo hasta que la lluvia del día lo permitió. Distintas banderas cubrieron las rejas de ingreso al tribunal: HIJOS Rosario, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (Medh), Documenta Baigorria, Movimiento Evita, Ateneo JW Cooke, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones Políticas Rosario, Familiares en justicia por Silvia Suppo, Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Rosario, entre otras.

En esta tercera parte de la causa los acusados, ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 47 víctimas de los centros clandestinos de detención (CCD) del circuito represivo de la dictadura cívico militar, en este caso: La Calamita y la Quinta de Funes.
Los represores acusados en este juicio son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.

Entre los delitos por los cuales se los imputa, se investigan los asesinatos y desapariciones de Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand  Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela y Jorge Luis Ruffa, cuyos restos fueron identificados en una fosa común del Cementerio La Piedad.

Además se los juzga por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y tormentos de los detenidos que lograron salir con vida de los centros clandestinos: Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
Si bien los sobrevivientes ya habían sido testigos de algunas otras causas, en esta oportunidad van a dar cuenta de su propia detención y de lo vivido en primera persona. Por esos crímenes serán enjuiciados los represores, que ya cuentan con condenas firmes por sentencias anteriores. El único acusado que no fue sentenciado en esos procesos judiciales es el ex comisario Rodolfo Isach, quien se mantuvo prófugo durante años hasta ser capturado en la localidad de Ostende en 2012. Sobre él se espera que se lo condene por esos delitos y por todos los que se incorporan a este juicio.

“Isach había sido en algún momento jefe de la policía de San Lorenzo en el período democrático, cuando hubo algunos reciclados que al ser jóvenes se mantuvieron dentro de la estructura. Desde hace un tiempo estaba prófugo y ahora  va a ser juzgado por primera vez para lograr revelar su responsabilidad en varias desapariciones y asesinatos que se investigan en la causa”, explico Ramón Verón Subsecretario de Derechos Humanos y quien vivió en carne propia la detención en estos centros clandestinos desde mayo de 1978 hasta fines de 1983.

Por su parte, Juan Basso Feresin, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, indicó que La Calamita y Quinta de Funes son los dos centros de detención que van a ser eje de este juicio, aunque también van a aparecer denunciados otros como La Intermedia, lugar que aún hoy es propiedad de los Amelong; y la escuela  Magnasco que también funciono como CCD. “Lo particular de este juicio es que, si bien La Calamita ya había sido nombrado por testimonios en otros juicios, ahora van a ser juzgados los delitos que ocurrieron allí. Antes muchos testigos aportaban datos de situaciones de su secuestro pero siendo testigos de otros casos, no del suyo propio”.

La constante provocación

Momentos antes de la lectura de los requerimientos para elevación a juicio, el tribunal expulsó de la sala de audiencias  al ya condenado y actual imputado Juan Amelong, quien exhibió un cartel con la frase “¿Macri miente?¿Sigue el curro?”, con una clara intención de crear malestar. Mientras lo retiraban, el acusado Jorge Alberto Fariña también fue apartado al apoyar la provocación.
Como si esto no fuera suficiente, en la audiencia, la defensa de uno de los imputados (Pelliza), presentó un pedido para apartarlo del juicio alegando problemas mentales, cuestión que se responderá en las próximas jornadas.

Los inicios de la causa Guerrieri

Luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que habían frenado las condenas por los crímenes de la dictadura, iniciadas con el Juicio a la Juntas Militares se abrió paso a la reapertura de las causas abandonadas. Comenzó de esta manera a llevarse a cabo una serie de pedidos de elevación a juicio contra los represores de la última dictadura cívico militar.

En la ciudad de Rosario, el primer proceso oral y público inició el 31 de agosto de 2009. La causa que unificó los expedientes conocidos como “Quinta de Funes” y “Fábrica de Armas Domingo Matheu”, fue caratulada respectivamente como: “Guerrieri, Oscar Pascual y otros s/ privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física” y “Amelong, Juan Daniel; Guerrieri, Oscar Pascual; Fariña, Jorge Alberto; Pagano, Walter Salvador Dionisio y Constanzo, Eduardo Rodolfo s/ privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”. El motivo de su unificación se basó en que coincidían los acusados, todos pertenecientes al Destacamento de Inteligencia 121 y al Comando del Segundo Cuerpo del Ejército.

En esta primera etapa de la causa Guerrieri, se investigaron las violaciones de derechos humanos, privación de la libertad, torturas y homicidios cometidos en la ex Fábrica de Armas y los centros clandestinos de detención: Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y la Calamita. Quedaron afuera del proceso judicial muchos delitos y víctimas que fueron juzgados en juicios posteriores y en las subsiguientes etapas de esta causa. La sentencia del 15 de abril de 2010, fue considerada ejemplar al condenar a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a los cinco represores.

Más adelante, se daba inicio a la segunda parte de la causa Guerrieri, donde se imputaba a doce militares del mismo circuito represivo que la causa del 2009, incluyendo nuevos casos y acusados. Veintisiete víctimas,  entre ellos 17 homicidios, secuestros, privación de la libertad y torturas, fueron investigadas hasta el 20 de diciembre de 2013, día en que concluyó el juicio. Nuevas condenas y prisión para los imputados.

 

Un contexto diferente

Desde el inicio de la primera etapa de la causa en el 2009, cuando el tribunal federal dictó aquellas sentencias firmes y perpetuas para los genocidas, se han atravesado cambios considerables en el escenario político. Las declaraciones públicas de los representantes del gobierno nacional, la intención de reflotar la “teoría de los dos demonios”, las trabas para la continuidad en las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos y las causas que involucran a los civiles, al poder económico y eclesiástico en los crímenes de la dictadura, provocan la necesidad de defender las banderas de memoria, verdad y justicia para continuar con las condenas a los represores.

En relación a esto, el concejal Eduardo Toniolli, manifestó que la continuidad de los juicios es primordial, “fundamentalmente al existir gobernantes  y un jefe de estado que en distintas entrevistas y posicionamientos públicos ha querido caracterizar al terrorismo de estado como una guerra sucia, que han minimizado sus efectos con la idea de instalar la idea de que hay que dejar atrás esa etapa. Además de estar vaciando las políticas de derechos humanos sostenidas desde el gobierno anterior, vaciando la Secretaría de Derechos Humanos, e intentando no darle el impulso desde el estado como querellante a estos procesos judiciales”.

En concordancia se encuentra lo manifestado por el referente de H.I.J.O.S, cuando indica que el modelo económico impuesto por la dictadura mediante su plan sistemático de exterminio, “lamentablemente hoy vuelve a estar en vigencia a partir del gobierno neoliberal que conduce al país a situaciones similares en términos económicos. Las propias empresas que en su momento fueron las instigadoras del golpe, hoy colocan a sus CEOs en los diferentes ministerios”.

Este es un punto en común para todos los organismos nucleados en Juicio y Castigo, quienes sostienen la necesidad de mantener vivas las banderas para exigir justicia. Reclamando un avance concreto para juzgar a los responsables civiles por su participación durante la dictadura.
Juan Pablo Darioli, miembro de la agrupación Ateneo JW Cooke señaló que las políticas del gobierno nacional que garantizaban el desarrollo de estos juicios por delitos de lesa humanidad, han cambiado. Entre otras cosas, observa un “real retroceso en las investigaciones de los delitos económicos, la complicidad económica eclesiástica y judicial” dentro de un contexto particular de regresión en las políticas de memoria, verdad y justicia, donde “se está tratando de dar aire a ciertos sectores reaccionarios que están en contra de los juicios y que se ven amparados en el discurso del gobierno nacional”.

Igualmente, y según expresó Ramón Verón, estos procesos “tienen una continuidad, más allá de las políticas que quieran invalidad el seguimiento de estas causas”. Y agregó que quienes piensan que aún hoy tienen vigencia, las continúan apoyando, “aunque alguna parte de la sociedad se resista y quiera que pensar que a este pasado reciente hay que olvidarlo rápidamente. Indudablemente aparece a cada momento y somos algunos sobrevivientes los que mantenemos viva la memoria”.

 

 

Una expropiación urgente

En el exterior del tribunal, también estuvieron presentes integrantes de la agrupación Documenta Baigorria, quienes encabezan el reclamo sobre la urgencia de llevar a cabo la expropiación de La Calamita, que actualmente pertenece a la familia Benzadón, herederos de los propietarios de aquel momento.

“Desde Documenta Baigorria intentamos recuperar memoria sobre lo ocurrido en la ciudad y el cordón industrial en los años de la última dictadura. Además de recordar que está por vencer la ley que permite expropiar el predio al poder ejecutivo provincial. Esta ley fue sancionada en diciembre 2014 y de no realizarse antes de fin de año va a perder vigencia con las dificultades que acarrearía hacer nuevamente el trámite de presentación de una ley y volver a votarla”, explicó Leo Pretto, integrante de la agrupación.

La ley Nº 13.455 aprobada a fines del 2014 por la legislatura santafesina declara de “interés general y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Quinta La Calamita”, ubicada en la zona rural de Granadero Baigorria, donde se estima que fueron torturadas y asesinadas al menos un centenar de víctimas durante la última dictadura cívico militar. Si no se hace efectivo antes de diciembre de este año, va a perder vigencia y se tendrá que volver a votar iniciando el trámite desde cero. El valor testimonial del lugar, y la sospecha sobre posibles restos allí enterrados de los desaparecidos, sustentan la expropiación.

Jueves y viernes a las puertas del tribunal

Por esos puntos en común y para mostrar que la continuidad de los juicios es una deuda y una necesidad social, convocan a la comunidad a asistir a las audiencias para exigir de esta manera juicio y castigo a los culpables. Manifestando el apoyo a los testigos y querellantes que aportan sus dolorosos testimonios, se continúa edificando una justicia que surge, tal como lo demuestra la historia de los juicios, de la construcción colectiva.  

La cita está prevista para todos los jueves y viernes de cada semana a las 9.30 en el Tribunal Oral Federal ubicado en Bv. Oroño 940 de Rosario. En el lugar, quienes quieran ingresar a la sala de audiencia podrán hacerlo presentando original y fotocopia del documento de identidad.