Viernes, 18 Marzo 2016 23:38

Soy mi trabajo: C.A.J de Villa Moreno

Escrito por  La Brújula
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En un contexto político adverso para los trabajadores, con despidos masivos en las áreas del Estado y en fábricas y empresas privadas, decidimos contar las historias de quienes han perdido su puesto laboral y su sustento. Pero también queremos mostrar cómo llevan adelante su vida ante esta situación tan delicada y las formas en que se enfrentan a estas realidades.

Trabajo realizado por el Equipo de Fotografía y Cronistas de la Cooperativa de Comunicación La Brújula

 

La sospecha se hizo realidad y llegó en forma de telegrama de despido. Las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decidieron prescindir del equipo de profesionales y cerrar el Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno, una institución vital para el barrio. Desde su creación en 2012, el CAJ recibió unas 30.000 consultas: se asistieron trámites en ANSeS, problemáticas sociales y de salud, conflictos familiares y entre vecinos, y se brindó asistencia jurídica. Sin embargo, ninguno de estos servicios y derechos de los ciudadanos parecen formar parte de la línea política del actual gobierno nacional.

Estuvimos en el CAJ fotografiando a los trabajadores que continúan sosteniendo el espacio, resistiendo a una determinación que afecta a la comunidad y a la que darán batalla junto a los propios vecinos. Aquí compartimos sus testimonios y su lucha.

Jéssica Venturi, 41 años – Abogada

Era compañera de los chicos asesinados, de Jere, Mono y Patóm; así que estoy desde que se instaló el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en el barrio. Hacemos un abordaje con una mirada desde lo social, lo jurídico y lo psicológico. En lo más relacionado al Derecho, llegan sobre todo cuestiones penales, de familia, algunos problemas entre vecinos o temas laborales.
En general, cuando la población de estos territorios va a Tribunales, se siente expulsada y decide dejar de ir. Pasa que las Defensorías Civiles están abarrotadas de personas, lo que no es responsabilidad de los laburantes sino de cómo se bajan las políticas. Por ahí, la gente necesita exponer la problemática y lo que hacemos acá es ir ordenando esas cuestiones: explicar cómo son los trámites, para que puedan actuar en consecuencia y que no haya frustraciones.
Muchas personas nos dicen que después de charlar con nosotros se presentan en las instituciones y se sienten más seguros. Fuimos construyendo esta dinámica de trabajo. Saben que no tenemos recursos para resolver directamente los problemas, lo que hacemos es un trabajo conjunto. También el CAJ es un lugar de referencia para cualquier consulta y ayudamos en lo cotidiano. No tenemos especificidad de temas, sino que trabajamos en el acceso a los derechos en sentido amplio.

Como trabajadora y sobre todo como militante, vivo con un dolor enorme la idea de que el Centro de Acceso a la Justicia desaparezca. Los que vivimos esta lucha por Justicia entendimos que su instalación en el barrio fue fundamental, porque significa que el Estado está presente con políticas que tienen que ver con lo que la población necesita.
Lo que decimos es que esto nació con lucha y vamos a sostenerla hasta donde podamos, con el convencimiento de que la provincia debe involucrarse. Sabemos que a ellos les llega la importancia de este CAJ, porque no sólo lo manifiestan los vecinos sino también las instituciones con las que trabajamos a diario. Estamos expectantes, pero por ahora lo único que hay abiertos son diálogos y nadie toma la definición de asumir este tema.

Catriel Álvarez, 24 años – Administrativo y mediador comunitario

Ingresé al Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) hace dos años, pero venía militando en Villa Moreno. Es un trabajo donde constantemente se aprende, porque los roles se van cruzando. Más allá de lo administrativo, he tenido que aprender sobre asuntos penales o cómo derivar situaciones; porque necesitás herramientas para dar respuestas rápidas a las personas.
Cuando ganó Cambiemos (a nivel nacional) teníamos entendido que habría un achique del Estado, un recorte en políticas sociales. Lo más fuerte de este proceso fue contar con el apoyo de los vecinos. El día que nos llegaron los telegramas de despido empezamos a juntar firmas, y hay varias personas que han llevado a sus vecinos y familiares para que también firmen. Eso es lo que nos refuerza y nos hizo seguir con las puertas abiertas.
La idea acá no es resolverles todos los asuntos, sino acompañarlos en esas resoluciones y que se sientan protagonistas de sus propias problemáticas. Siempre tratamos de que la persona acceda a la información, que entienda cómo es el proceso, cómo se maneja la burocracia y sepa sus derechos.

Hemos definido seguir atendiendo al público hasta el 31 de marzo, ese día deberíamos volver a juntarnos y ver cómo continuamos, porque estamos sin cobrar los sueldos y necesitamos trabajar. Pero tenemos expectativas de que esto se pueda resolver, muchas personas e instituciones se han preocupado. Nosotros formamos parte de la Mesa de Gestión Territorial, junto a varias organizaciones, referentes barriales y la Municipalidad.
El 16 de marzo vino al barrio la intendenta (Mónica Fein) a anunciar obras y muchos vecinos fueron con carteles para mostrarle lo que estaba pasando. La decisión de participar se tomó en una asamblea barrial. Fue muy fuerte, porque el único aplauso sentido fue cuando se habló del CAJ. Si bien se comprometieron a tomar cartas en el asunto, no hay ninguna seguridad.

Eugenia Rafanelli, 29 años – Psicóloga

El Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Villa Moreno tiene una historia particular, nació hace cuatro años a raíz del Triple Crimen de Jere, Mono y Patóm. Se pidió su creación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como un lugar necesario para el barrio.
El Centro tiene una referencia muy grande, no sólo en el barrio sino que trabajamos con demandas que vienen de distintos puntos de la ciudad. Se realiza un abordaje interdisciplinario entre psicóloga, trabajadora social y abogada; de lo que en general son situaciones complejas y que requieren un largo tiempo de intervención. Algunas demandas están relacionadas con la violencia de género, problemáticas de salud y asistencia social.
En el barrio hay dos centros de salud, uno provincial y otro municipal. A la vez estuvo funcionando Miniequipos durante tres años, que trabaja con jóvenes y adicciones. Todos conformamos la Mesa de Anclaje que se reúne cada semana. Otra de las instituciones con las que articulamos es el Centro de Convivencia Barrial (CCB) Itatí.

Sabíamos que no había intenciones de continuar la política de acceso a la Justicia. El viernes 11 de marzo nos llegaron a los seis compañeros los telegramas de despido, informando que se terminaban los contratos que teníamos por tiempo indeterminado.
No hubo ninguna auditoría respecto al trabajo que realizábamos, no hubo visitas por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia. Tampoco se nos han pedido informes más allá de los que enviamos mensualmente, con las estadísticas. Desde el 10 de diciembre, que asumieron las nuevas autoridades no se han comunicado con nosotros.
Decidimos sostener la jornada laboral, por lo menos durante marzo. Es una forma de seguir exigiendo que el CAJ permanezca y se sostengan los puestos de trabajo; pero también porque no se puede cortar la atención de un momento para otro, es una responsabilidad ética.
La definición de cerrar la institución es del gobierno nacional. De todas maneras, pedimos tanto al municipio como a la provincia que intervengan en la situación, siendo que es una institución emplazada en Rosario y que trabaja con organismos y vecinos de la ciudad.

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