El periodista especializado en temas vinculados al modelo extractivo y los pueblos originarios Darío Aranda, se refirió al proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires “Hice un repaso rápido y no encontré otra ley que sea tan flexible en el país”, deslizó. Y explicó que la aprobación tuvo lugar “con un lenguaje muy técnico y con perfil bajo, sin ninguna discusión o audiencia pública; e impulsada por el gobierno de la provincia y con el ministro de Agroindustrias, Leonardo Sarquís, que es ex gerente de Monsanto”.
El tratamiento legislativo se dio en cercanía al inicio del juicio por homicidio con agrotóxicos del niño Nicolás Arévalo en Goya, Corrientes; así como la divulgación del Equipo Multidisciplinario de Interacción Socio-Ambiental (EMISA) de la Universidad de la Plata y del CONICET sobre la contaminación por glifosato de la cuenca del río Paraná. Por otro lado, el estudio del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) sobre el rendimiento de la semilla de soja transgénica RR2 Pro o Intacta reveló que no representa un incremento significativo en la cosecha anual. Estos temas pusieron en agenda asuntos relacionados con agroquímicos, sus posibles efectos en la salud de las personas y su utilización en la producción.
Al respecto, el columnista de La Brújula de la Mañana recordó “una charla hace tres años en Pergamino donde un ingeniero agrónomo que hacía transgénicos reconocía, cuando ya estaba instalado cambiar la soja RR por esta nueva (la semilla RR2 Pro o Intacta), que no había estudios independientes que demostraran que era más productiva”. A su vez, sostuvo que la diferencia radica en que “por la anterior soja no podían cobrar regalías”, y agregó: “Creerles a las empresas de agronegocios es como creerles a las tabacaleras que no producen cáncer con los productos que venden”.
Ante la eventual sanción definitiva de la ley, que podría servir de modelo para otras provincias, distintas organizaciones sociales se pronunciaron sobre el tema. “Además de lo grave, esto ameritó que cuestionaran muy duramente que no salga la sanción. Por otro lado, han planteado la inconstitucionalidad de la norma, sobre todo por la regresividad; en Derecho Ambiental cuando uno protege hasta 500 metros, no se puede bajar con otra ley a 400”, expuso.
En esa línea, insistió en que la iniciativa presentada por el senador Carlos Coll Areco (PJ) “no toma ninguna base científica y no cita en su fundamentación ninguna bibliografía”, cuando “hay mucha que contradice esta medida”. Apuntó que la toxicidad de agroquímicos en el país “se calcula en base a los estudios de las propias empresas; así el agronegocio dice que la atrazina no hace nada, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) firma y no hace estudios propios”.
Por último, mencionó datos alarmantes: “En 1990 se utilizaban en Argentina 35 millones de litros de agroquímicos; en 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica, se pasó a 98 millones de litros; y en 2011 se utilizaron 360 millones”. “Como decía Andrés Carrasco, el científico de CONICET, es un experimento masivo a cielo abierto. Unos 370 millones de litros se vuelcan cada año y esto va en aumento; sujeto a estas malezas recientes, cada vez va a haber más utilización de agroquímicos por hectáreas”, sentenció.
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