El pasado 5 de julio, la ministra de educación provincial Claudia Balagué presentó el Plan de Construcción Participativa de la Ley de Educación de Santa Fe, para que de manera “participativa y abierta” se acceda a la construcción de la misma y se cuente con un documento que identifique la realidad puntual de la provincia en materia educativa. Hasta el momento, la reglamentación que lo regula es únicamente la Ley Nacional de Educación N° 26.206, por no tener sancionada una ley provincial.

En este sentido, se llevó a cabo la formación de una comisión de trabajo para el armado de un documento base de discusión legislativa y se lanzó una convocatoria para participar de manera virtual a través de encuestas vía web en soportes digitales, para que los ciudadanos puedan dejar sus opiniones sobre ciertos pilares considerados relevantes por la gestión para la construcción de la ley. Los actores directos de debate son el personal escolar, ya sean docentes o asistentes escolares, los estudiantes y sus familias, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los legisladores, las autoridades de los gobiernos locales y los especialistas de educación.

Otro modo de incentivar la discusión, aunque aún no se ha concretado en su totalidad, es a partir de Foros Regionales, reuniones con los gremios docentes, con Centros de Estudiantes, debates legislativos y una jornada especial de Escuela Abierta, donde se pretende debatir la ley con docentes, estudiantes y familiares en el interior de la escuela.
El ritmo de trabajo se ve marcado por un cronograma indicado de ante mano, iniciado en julio y que debe finalizar en noviembre con la presentación de un documento síntesis con aportes de la ciudadanía a las Cámaras de Diputados y Senadores. La idea de presentar y aprobar ese borrador antes de las elecciones legislativas, justifica los tiempos apresurados.

El proyecto del FSP

La educación pública como un derecho humano “fundamental” e “indelegable”, de calidad para todos sus habitantes y garantizada por el Estado Provincial a lo largo de toda la vida, “facilitando la continuidad educativa, y el acceso en igualdad y equidad de oportunidades”, que evite “acciones de cualquier índole que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o un bien transable o que alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”, son elementos primordiales que separan a este proyecto de los otros.

Extendiéndose a lo largo de 107 artículos, la propuesta del FSP , presentada el 1° de septiembre por los diputados provinciales Carlos Del Frade y Mercedes Meier, plantea la necesidad de una ley que funcione como una herramienta que permita “transformar la realidad política, social y educativa” de una provincia que, al igual que la Argentina, se ve atravesada por una profunda desigualdad”. "Es un proyecto absolutamente anclado a la realidad provincial que se ve marcada por la desigualdad y donde hablamos de lo que les pasa a las y los maestros, a los asistentes escolares, a las chicas y chicos, a los padres de la provincia de Santa Fe”, manifiesta Del Frade al hablar de la presentación realizada.

En el artículo 9, se detallan 22 objetivos específicos de la política educativa provincial: Justicia Social y Desarrollo Territorial, Presencialidad, Obligatoriedad, Gratuidad y Acceso, Laicidad, Educación Ciudadana, Interculturalidad, Diseño Curricular, Capacitación, Articulación real con los distintos niveles educativos, Inclusión, Derechos de Niños y Niñas, Participación, Educación Continua, TICS, Lectura y Bibliotecas, Educación Especial, Acceso a la Información, Medios de Comunicación, Vida Saludable, Cooperativismo y la promoción de otras experiencias educativas.

Respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la educación, establece que el estado debe asegurar la educación escolar “desde los cuatro (4) años de edad en la Educación Inicial, a lo largo de todo el Nivel Primario y hasta la finalización del Nivel Secundario”. Entendiendo que esa es la forma de  garantizarle al pueblo un “mayor acceso a la educación con mejores niveles de calidad de vida”.
Consideran que debe ser obligatorio desde los cuatro años y no desde los tres, como muchos otros proyectos provinciales y nacionales, basándose en algunos preceptos del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci que los lleva a pensar que “institucionalizar a los niños obligatoriamente desde los tres años significaría reducir su libertad”. Igualmente, se indica la universalidad del Nivel Inicial, es decir la “obligación del estado de asegurar su provisión”, comprendiendo a los Jardines Maternales desde “los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive, y Jardines de Infantes desde tres (3) a cinco (5) años de edad inclusive, siendo estos dos últimos años obligatorios”. Esta universalización del Nivel comprende la creación de espacios áulicos, cargos docentes y asistentes escolares necesarios para su funcionamiento.

Se propone, además que se garantice “una educación laica, impidiendo cualquier distinción basada en la orientación religiosa, respetando la libertad de conciencia y creencias, y educando sin dogmas ni adoctrinamientos”. Y que los establecimientos de educación privada que quieran brindar este tipo de educación, lo hagan extracurricularmente.

Comparando con la Ley Nacional, se agregan a lo largo de la vida educativa, cuestiones relacionadas con la multiculturalidad en la formación, que “asegure a los Pueblos Originarios y a las comunidades migrantes el acceso a una educación que respete su lengua e identidad cultural”. Por otro lado, en el Nivel Primario, se fomenta la promoción de Derechos Humanos y la difusión de conocimientos que ayuden a fortalecer “prácticas no sexistas, el respeto por las identidades de género, la diferentes orientaciones sexuales y composiciones familiares diversas”.

Otro aporte novedoso en comparación con la Ley 26.206, tiene que ver con la creación en el Nivel Secundario de guarderías y salas de lactancias para aquellos padres que aún no han terminado su formación, considerando que esta es una manera de garantizar la continuidad en el sistema educativo. Para esto, en el artículo 87, se explica que se deberán extender los seguros de Responsabilidad Civil de los establecimientos para que, en estos casos, puedan concurrir con sus hijos.

El diputado Carlos Del Frade comentó que desde el FSP entienden “la necesidad de volcar  más elementos en la escuela secundaria que es donde esta desigualdad impacta más”. También habló sobre la presencialidad en oposición a la virtualidad en las aulas, ya que “con el verso de lo virtual nos quieren meter dentro de un computadora y no frente a los alumnos”.

En este mismo nivel, se presenta en el artículo 33, un cambio en los mecanismos de horas cátedras de los docentes de nivel medio. “El Estado provincial promoverá la creación de mecanismos de concentración de horas cátedras o cargos de los profesores, con objeto de constituir equipos docentes estables en cada institución y garantizar condiciones laborales satisfactorias para los docentes”. Para esto, se crearán cargos con determinada carga horaria semanal que “contemplen horas cátedra frente al curso y un porcentaje de horas institucionales para los diversos quehaceres que demanda la tarea docente”. En los fundamentos del proyecto, explican que esto responde a una demanda puntual de los gremios docentes para eliminar la figura de los “profesores taxi”, que deben trasladarse de un establecimiento a otro al tener horas repartidas en varias escuelas.

“Es una ley parida desde la sensibilidad de una provincia que necesita que sus leyes hablen de lo que pasa acá, no en Finlandia, en Noruega o dentro de una empresa como es el proyecto del diputado Boscarol, que está hecho a imagen y semejanza de los deseos de los empresarios”, expresó Del Frade.

La concepción de la  educación privada

Sin dudas, uno de los puntos que más discusión puede traer es lo relacionado a la educación privada y los subsidios. En el artículo 71, se indica que dentro de los dos años de promulgada la ley, los establecimientos que reciban el 100% de subsidio estatal, serán progresivamente transferidas a la administración provincial, teniendo la obligación de “ofrecer educación de manera gratuita”. Si bien lo argumentan desde la necesidad que el estado solo subvencione educación pública, al ser la educación un derecho social indelegable, no se especifica en el proyecto de ley, cómo, sin cobrar cuota, estas escuelas que cuentan con el subsidio total para abonar sueldos y leyes sociales, van a hacer frente a los gastos de mantenimiento, como ser el pago de las facturas de energía eléctrica y gas o la compra de elementos de limpieza. Seguramente, será un punto a completar.

En los fundamentos adjuntados al proyecto, declaran que la educación debería llegar a ser únicamente pública pero comprenden que llegar a eso “significaría un proceso complejo”, ya que en la provincia existen 865 establecimientos de gestión privada de un total de 4.816 instituciones educativas. Ante esta realidad plantean que este traspaso se comience a hacer solo con aquellas que reciban el subsidio completo para el pago de sueldos por parte del gobierno provincial.

Este traspaso no elimina la figura de establecimiento subvencionado, ya que el artículo 72 habilita a la provincia a brindar subsidios parciales a aquellos que cobren aranceles que “no superen el 20% del salario mínimo vital y móvil. En este punto se deja en claro que estos establecimientos deben cumplir con el principio de laicidad y por otro lado, en el mismo artículo se determina que las instituciones privadas de Educación Superior ya no serán subsidiadas.

En relación a este cambio propuesto, el diputado comentó que es una “hipocresía que existan escuelas muy caras que reciben el 100% de subsidio. Hay una doble estafa, primero a los padres y después al gobierno de Santa Fe. Lo que planteamos es el traspaso paulatino al ámbito oficial. Sería una manera de saldar hipocresía”.

Fotografía: Prensa FSP