El 25 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución del Ejecutivo que permite a la Secretaría de Comunicación Pública acceder a la base datos de la Anses.  En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “no hay vocación de utilización política” de esos registros y que la medida está permitida por ley. A pesar de las declaraciones del gobierno, la oposición se hizo sentir desde varios espacios; uno de ellos fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que entendió la medida como el inicio de un régimen de vigilancia.

El legislador porteño y miembro del FIT, Marcelo Ramal, señaló que la utilización de datos “implica indudablemente una intromisión del Estado en la vida de las personas, en sus actos, en sus actividades”; sumada la variante de propaganda estatal. Sostuvo que “el objetivo de esta captura de información es, por un lado, el fisgoneo sobre la actividad de las personas, pero también dirigir publicidad segmentada respecto de los actos de gobierno”.

En diálogo con La Brújula de la Mañana por Radio Wox 88.3, el economista analizó la brecha entre el gobierno macrista y los trabajadores-empresarios: “La base de datos de la Anses, que en su gran mayoría involucra a trabajadores, podría ser investigada sin ningún tipo de restricción”. Es decir que “los secretos sobre la actividad económica de la persona rigen para los empresarios, no rigen para la mayoría de la población trabajadora”.

Privacidad y redes sociales

Si bien el convenio se compromete a no transferir en ningún caso lo que se califica como “datos sensibles”, Ramal alertó sobre el control en la red por parte del gobierno, teniendo en cuenta que la iniciativa propone “mantener informada a la población a través de diversas modalidades”. Las herramientas que se utilizaran por parte del gobierno van “desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”.

En la entrevista, Ramal hizo foco en el rol de los trolls como otra variante de propaganda estatal y, en relación a ello afirmó que se trata de “un aparato de manipulación oficial vía redes sociales que implican un despotismo político”. Explicó que de los datos extraídos de la persona a través de la Anses se obtienen, además, otras informaciones que pueden ser filtradas en una red social, como sus preferencias políticas. Para finalizar, el legislador señaló que “no hay red social, no hay campaña publicitaria, que pueda tapar un gran derrumbe económico y político” que tenga lugar en el país.

Escuchá la entrevista completa en la Brújula de la Mañana.

 

Fotografía: RadioSanPedro.net