Un proyecto del Partido del Progreso Social busca saldar un viejo reclamo de los pescadores de la ciudad. Se trata de la creación de un puerto de fiscalización de productos, para regular una actividad de la viven más de 2.000 familias. Así se controlaría el manejo sustentable de los recursos, evitando el mercado clandestino y cuidando la calidad de los alimentos.

La autora del texto, Lorena Giménez, remarcó que una iniciativa de similares características se impulsó tiempo atrás, pero no prosperó. La concejala llamó la atención sobre el hecho de que no exista un organismo de este tipo en Rosario, generando que los trabajadores del río deban ir hasta Alvear o San Lorenzo. “En una ciudad que está abierta al Paraná, en la que se debate todo el tiempo si es turística o no, en la que uno de los atractivos es probar el pescado; es raro que no haya un puerto que ayude a las familias a transparentar su trabajo”, cuestionó.

En diálogo con La Brújula de la Mañana por Radio Wox 88.3, consideró un “sinsentido” que se vean obligados a trasladar la mercadería, sin poder cumplir con las condiciones que exige el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Cuando sacan el pescado del río y lo suben a una camioneta para llevarlo al puerto fiscalizador, les está faltando el ente controlador para darles el certificado; con lo que muchas veces los paran (en la ruta) Gendarmería o la propia Municipalidad, y les confiscan la mercadería”, describió.

Esta situación tiene lugar un contexto lleno de dificultades. Sin ir más lejos, en marzo pasado  denunciaron que las intensas lluvias y la crecida del río repercutían en la actividad; lo que los llevó a reclamar un subsidio económico a las autoridades para paliar la crisis. La realidad empeora aún más por el negocio de los frigoríficos, que pagan migajas a los pescadores.

Peces gordos

Si bien “hay muchos trabajadores organizados en cooperativas, para acopiar el pescado y  venderlo a frigoríficos o cadenas de restaurantes”; las reglas de negociación siguen siendo desiguales. Según explicó, “el precio lo termina fijando el comprador y de esa manera se desvirtúa el trabajo; pero además el municipio se está perdiendo una ventaja en cuanto a los ingresos por tasa que tendría a partir de esta nueva instancia”.

Al respecto, opinó que “hubo un punto muerto que hay que retomar, es un pedido que están haciendo las familias de pescadores desde hace muchísimo tiempo”. “Es necesario que lo tratemos en el Concejo y que la provincia ayude a que se implemente. En algún momento, se pensó que el puerto iba a estar emplazado con el acuario (frente al estadio de Rosario Central), pero por lo que vimos ya no habría espacio. Esto es preocupante, porque significa que en los proyectos entre municipio y provincia no se tiene en cuenta la actividad productiva de los sectores vulnerables”, agregó en su análisis.

Para abonar a esa idea, señaló que desde el Estado “siempre se está beneficiando a los grupos económicos, los frigoríficos y las cadenas de empresarios”; legislándose “en detrimento de las clases sociales que más lo necesitan, sobre todo los trabajadores”. Y añadió: “Estamos pasando por una crisis en todos los niveles, el sector productivo es uno de los que más está sintiendo los golpes de los tarifazos y la recesión. Pero los últimos años Rosario priorizó los grandes emprendimientos y desarrollos urbanos inmobiliarios, en pos de los sectores más poderosos; y se está olvidando de poner en agenda estos temas que tienen que ver con la clase trabajadora y con la que más aporta al municipio”.

Desde la perspectiva de la edila, “es necesario que se tome algún tipo de política distinta”. “No nos olvidemos que muchos de los proyectos que se llevan adelante en la ciudad son financiados por el gobierno de la provincia, pero hay barrios y sectores que están olvidados”, insistió.
Fiscalizar para igualar

El Código Alimentario Argentino (Ley Nº18.284) fija una serie de condiciones sanitarias, legales y comerciales que deben cumplir “las materias primas, los aditivos alimentarios, así como los productos elaborados”; para el “fraccionamiento, tenencia, circulación, distribución, importación, exportación y entrega al consumidor” (artículo 155). En el caso de un puerto de fiscalización, Giménez precisó que se encarga de controlar “que lo que se saca del río sea lo permitido de acuerdo al peso y talla” establecidos en las normas nacionales.

De esta forma, “se genera un cuidado sobre la fauna y se permite que no haya una competencia desleal, porque algunos utilizan cualquier tipo de peces para vender mientras otros se rigen con una conciencia de la naturaleza”. A su vez, “se ayuda a poner un piso porque, a partir de los impuestos que tiene que pagar, el pescador puede negociar el precio con los compradores; esto le permite cubrir sus costos, generar una ganancia y negociar en otros términos”.  

A la espera de que se avance en este sentido, la comercialización del pescado continúa realizándose “en negro, en un marco ilegal” donde los trabajadores se ven obligados a casi regalar la mercadería. “Ellos prácticamente no tienen ganancias y se está explotando a un sector vulnerable. Nosotros legislamos y ponemos en el proyecto lo que vemos que la gente necesita, pero quien tiene la voluntad política o la fuerza de tomar la decisión de llevarlo a cabo es el Ejecutivo”, resumió la concejala.

Escuchá la entrevista completa en la Brújula de la Mañana.

Foto: Agenciafe.com