El pasado 14 de marzo, los trabajadores de río han sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. Esta nueva denominación les garantiza determinados derechos, como ser el acceso a una jubilación y ser tenidos en cuenta dentro del Plan de Emergencia Hídrica. El mismo, fue implementado en la región mediante el Decreto Nº 3.137 el primero de octubre del 2015, a partir de las fuertes precipitaciones producidas por el fenómeno “El niño”.

“Desde noviembre venimos sufriendo mucho por la crecida y las fuertes tormentas que nos hicieron perder muchos elementos, se rompieron lanchas, motores. Hay un verdadero desastre sobre la costa santafesina y entrerriana que nos complicó mucho”, explicó Jesús Pérez, miembro de la Asociación de Pescadores de Santa Fe.
Ante esa situación solicitaron una reunión en el Ministerio de la Producción para obtener respuestas a los reclamos del sector: ser reconocidos y acceder a un subsidio que les permita recuperar sus instrumentos de trabajo arrastrados por el agua. Luego de varios días, la provincia dio respuesta concediendo una ayuda económica de $5400 a pagar en tres cuotas desde el mes de abril y la reposición de determinados elementos necesarios para llevar a cabo la actividad pesquera. En relación a esto último, aún no saben con certeza si esta restitución se hará efectiva a través de un préstamo o un subsidio.

En la zona existen alrededor de 3200 personas que viven de esta fuente laboral, siendo su único ingreso el que obtienen por la venta de los peces que consiguen extraer. De esta manera forman parte de la cadena de valor del río, junto a los acopiadores, los frigoríficos y el consumidor. La principal especie que se comercializa es el sábalo, que sumada a la boga o  el armado, son distribuidos dentro del mercado interno y otro porcentaje queda reservado para la exportación, fundamentalmente hacia Colombia, y en menor medida a Brasil o Nigeria.

“Somos setecientas familias entre Colonia Mascías y Colonia San Martín, las que vivimos de la pesca al no haber otros recursos para recurrir. Si no se puede pescar nos vemos perjudicados económicamente. Este subsidio es un alivio para nosotros, ya que la situación era terrible y no teníamos para comer (…) La primera semana de clases los chicos no fueron a la escuela porque no les podían comprar zapatillas o un cuaderno”, manifiesta  María Molina, Vice Presidenta de la Comuna de Colonia Mascías.

En su caso, los primeros reclamos los dirigieron hacia la comuna, donde lograron ser atendidos por el Intendente Juan Rodolfo Schmidt, luego de realizar una manifestación en el lugar. La diputada Mercedes Meier fue quien los contactó para que puedan llevar sus reclamos a las autoridades, teniendo en cuenta que otras asociaciones de pescadores venían luchando por esto desde el mes de Enero. “Como nosotros estamos alejados de todo y no tenemos conexión con el gobierno, iniciamos los reclamos con posterioridad, los primeros días de marzo”. De ahí en adelante participaron de las reuniones en el Ministerio de Producción de Santa Fe, hasta llegar a la última donde anunciaron que si no les daban respuestas concretas, llevarían adelante un corte total de las rutas; cuestión que fue dejada de lado por los resultados obtenidos.

Relación con los frigoríficos

Conforme a los datos aportados en el portal web del Ministerio de la Producción, la utilización de los productos del río y la pesca para su comercialización “comenzó en la cuenca del río Paraná a mediados de la década de 1930, con el desarrollo de pequeñas plantas para elaboración de aceite y harinas de pescado. Con el tiempo, la reactivación de la actividad exportadora (fresquera y congeladora) a partir del año 2000 provocó un crecimiento de las capturas a niveles sin precedentes”.

Esto produjo la necesidad de derivar las especies a las cámaras para garantizar una adecuada conservación, de la cual, no podían hacerse cargo los pescadores artesanales al no poseer sistemas de refrigeración propios. Esta situación se extendió a lo largo de los años, afianzando el negocio de las empresas frigoríficas.

A partir de la Ley Nº 13.119 sancionada el 20 de septiembre de 2010, se crea el Registro Provincial de Operaciones Pesqueras, donde se consignan los datos relacionados a las operaciones de compra, venta y depósito de los productos provenientes de la pesca comercial. En el marco de dicha ley, se realiza mensualmente la Mesa de Concertación de Precios, convocando a los trabajadores de río y a los “titulares de las licencias de acopio” para proponer los valores de intercambio. Luego, la autoridad de aplicación define los costos de cada una de las especies dejando establecido el monto a percibir por pescadores y acopiadores.

“Cuando nos convoca el Ministerio, estamos presentes las asociaciones civiles junto a los funcionarios de la provincia, pero jamás aparece un empresario del frigorífico. Esto es así porque no les conviene pautar un precio con nosotros”, comentó Pérez, agregando que el actual mecanismo para reglamentar los precios viene de la mano de un “manoseo” hacia el trabajador de río. “Como los compañeros no estamos organizados y no tenemos donde guardar nuestra mercadería, no podemos defender el precio (…) Se abusan porque vienen a la costa y saben que algunos no tienen un freezer o una heladera donde guardar sus pescaditos, entonces se los dan al precio que el del frigorífico quiere para que no se les eche a perder”.  

Falta de equidad

Según lo indicado por Jesús Pérez, los trabajadores de río obtienen por la venta del sábalo para la exportación aproximadamente cuatro pesos y los empresarios lo  venden a cuarenta o cincuenta. “Anteriormente la provincia era quien establecía los cupos, pero ahora lo hace la Nación y los frigoríficos hacen lo que quieren y nos pagan como quieren”. Cuando llega el momento de la veda o situaciones climáticas que no permiten llevar adelante la labor, solo los pescadores se ven afectados, ya que el negocio de la exportación continúa sin dificultades, al existir una cantidad considerable de mercadería en las cámaras de los mayoristas.

Cuando se efectuaban los intercambios dentro del mercado de tránsito federal con la provincia de Córdoba, los importes eran más equitativos. Es por esa experiencia que sostienen la importancia de “cerrar” la exportación del Sábalo y así continuar trabajando para el mercado interno, donde no está la intervención directa de este tipo de empresas, que hasta el año pasado eran doce las que manejaban la región.

Otro dato que aporta tiene que ver con la falta de transparencia en las operaciones de compra y venta: se hace la entrega y al cobrar informan que decomisaron una parte de la mercadería, pero no le muestran ni explican el motivo al trabajador. “Eso lo define la empresa, si el pescado esta flaco o manchado lo decomisa, no te lo pagan ni te lo muestran, pero seguro después lo venden igual”.

Poniendo énfasis en la falta de organización de sus compañeros, Jesús asegura que ese sería un paso importante para poder defender el precio de los pescados que tanto esfuerzo les costó conseguir. Días enteros pasan a la orilla del río esperando obtener la mercadería suficiente para solventar las necesidades básicas del hogar, o como explica: “Viven las 24 horas del día de en la costa, solo vuelven a su casa por dos días para poder gastar con sus familias lo poquito que pudieron ganar”.

 

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