El secretario general Omar Suarez se enfrenta a la justicia por administración fraudulenta en perjuicio del sindicato y asociación ilícita. Los trabajadores del SOMU llevan un largo recorrido de denuncias sobre su persona. Desde la Brújula de la Mañana, volvimos a comunicarnos con Alejandro Giorgi, trabajador desplazado del sindicato por llevar a cabo aquellas denuncias que hoy se están comprobando en la justicia.

Este derrotero judicial comenzó en septiembre del 2014 a partir de que distintos trabajadores del sector plantearon y reclamaron en torno a la conducción del gremio, desde donde les negaban todo tipo de intervención; “Hoy la justicia está dándonos la razón de todo aquello que planteamos en su momento”, remarcó Giorgi.

Las denuncias realizadas adquieren distinto calibre. Suarez fue principalmente acusado de administración fraudulenta. Las imputaciones apuntan al secretario por diversas causas, desde la creación de un holding de empresas, hasta irregularidades dentro de la organización que incluye actas de acuerdo, incluso por la elección del directorio de la obra social; es decir, un cúmulo de denuncias que fueron realizadas no sólo mediáticamente, sino también en la justicia.

Giorgi, que se encuentra dentro del gremio desde el 2008, advirtió las distintas irregularidades y se dirigió a la justicia con un grupo de compañeros. Si bien aclara que desde el año 2004 recuperaron el convenio colectivo del sector, con Suarez a la cabeza, lo importante es la falta de la Ley de Marina Mercante: “Tenemos buques con banderas extranjeras en nuestra tierra, no hay buques con bandera argentina”, remarca Alejandro.

La Ley de Marina Mercante fue relanzada por última vez en julio del 2015, pero viene arrastrando una pérdida de estado parlamentario que impide su sanción. La norma contempla un régimen para armadores e industriales navales y un fondo especial para el fomento de las actividades, a la vez que prevé una flota de bandera nacional a partir del desarrollo de la industria metalmecánica pesada, en particular la industria naval.

En relación a esto, Giorgi recordó que Suarez apoyaba una ley de Horacio Tettamanti, ex sub-secretario de Vías Navegables, por la cual Argentina tenía que invertir en barcos debido a que no se permitía ningún tipo de buque en el país, sino solamente los que se fabricaran acá. “Para hacer un barco hoy en el país se tarda entre dos y tres años. Pero si cada dos o tres años hacemos un barco, para hacer una flota necesitamos muchos años”, precisó Giorgi, apuntando a que dicha ley no preveía cómo proceder en este intermedio temporal. “A lo que hay que apuntar es a la ley de la marina mercante”, repitió el entrevistado.

Escuchá la entrevista completa en La Brújula de la Mañana.