Capítulo III.- De los medios de comunicación:
La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento.
El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.
El protocolo comienza con un popular axioma utilizado muchas veces pero poco reflexionado. Ese que dice "la libertad de uno comienza donde termina la libertad del otro". Una frase que lo que termina ocultando es que los derechos no tienen límites tan claros y precisos y muchas veces se superponen y contradicen transformando la elección entre cual derecho debe primar en una decisión más política y ética que legal.
En los fundamentos del protocolo se deja planteado, de manera preocupante, una supuesta contradicción de derechos que quedaría resuelta a partir de ponderar a la libre circulación como más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad de expresión. Sin tener en cuenta que hay derechos que son inconmensurablemente superiores a otros a nivel ético aunque legalmente sean equivalentes o comparables.
En lo que específicamente se refiere al “ordenamiento de la participación periodística” creemos que es un avasallamiento a la libertad de prensa y al normal desarrollo de una tarea que implica muchas veces poder tener la libertad de registrar los sucesos desde la perspectiva que el periodista cree mejor documenta la historia.
Como expresa el comunicado emitido hoy por el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS) este capítulo "limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta".
Este protocolo además se sanciona en medio de un clima de preocupación por parte de los trabajadores de prensa por varios hechos de violencia sucedidos en las últimas semanas.
Carlos Catrileo, redactor de la sección Sociedad de la Agencia Télam e integrante de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA) fue objeto esta semana de las “nuevas directivas” recibidas por la Policía Metropolitana al ser requerida su identificación para "averiguación de antecedentes" en una estación de subte de la ciudad de Buenos Aires mientras se dirigía a su trabajo.
Mientras que el fotógrafo Luciano Barrera, del diario El Esquiú de Catamarca, fue arrestado el sábado, cuando lo enviaron a cubrir un accidente de tránsito en la Cuestecilla del Portezuelo, en una ruta provincial.
Este protocolo profundiza un andamiaje legal que genera, a nuestro entender, peores condiciones para el desarrollo de nuestro trabajo y para la libertad de prensa.Tras el axioma liberal de “los límites de los derechos” se intentan sacrificar derechos fundamentales para ejercer la democracia como el derecho a la libre información.
Sin dudas un retroceso, disfrazado de orden.
Adhieren:
EnREDando
Colectivo MANIFIESTO (Córdoba)
Comunicación Rebelde en el Encuentro de Organizaciónes (Córdoba)
Programa radial "En Calle Viva", FM Sur 88.3 (Parque Patricios-CABA)
Alternativa
TV Comunitaria Misionera
Red Nacional de Medios Alternativos
Antena Negra TV
Lia Verónica Caliva (Al Norte Digital - Salta)
Patricio Poma (FM Noticias - Salta)
Agrupación Celeste - Sindicato de TV Salta
Programa Asamblea Permanente - Omega Radio 97.1