Martes, 11 Julio 2017 22:11

La guerra detrás de las guerras del macrismo

Escrito por  Germán Mangione

Editorial de La Brújula de la semana del 08/07/2017

El gobierno de Mauricio Macri decidió declararle la guerra a dos de los que, dice, son los responsables de todos nuestros problemas: los juicios laborales y el gasto en empleo público. Pero, ¿qué hay detrás de esta declaración de guerra? Otra guerra. La que libran entre sí las empresas por la rentabilidad perdida.

Esta semana, con grandes letras de molde, los medios tradicionales anunciaban el fallo de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se resolvió que cuando un trabajador pierde –por su culpa– un juicio laboral, debe pagar todos los gastos ocasionados en concepto de honorarios de los abogados y de los peritos que hayan intervenido.
Pero detrás del fallo, y del mensaje que suena a amedrentamiento laboral, parece esconderse la piedra basal de la guerra que los dueños del mundo han profundizado y que el gobierno de Mauricio Macri ha decidido tomar como propia.

“El enemigo insólito del pleno empleo: los juicios laborales”, titulaba un importante diario económico hace pocos días.
El fallo firmado esta semana por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en la causa caratulada "López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente – ley especial", se podría decir que es casi anecdótico.

Decimos que es casi anecdótico porque va más allá de las discusiones de principios legales. Porque lo que nos interesa está un poco más profundo en la discusión. Porque este fallo no se da en cualquier momento, sino que hay que contextualizarlo en medio de una avanzada y una serie de medidas, que intentan ir quitando a los trabajadores algunas herramientas que permiten emparejar la despareja relación de poder que tiene un laburante con respecto a sus patrones.

Desde comienzos del gobierno de Mauricio Macri el tema estuvo (o fue puesto mejor dicho) en el tapete. A comienzos de este año, después de dar marcha atrás a la medida sancionada por decreto, el gobierno finalmente envió al Congreso un proyecto de ley en el que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes laborales.

El proyecto establece que, antes de recurrir a los Tribunales Laborales, el trabajador afectado (o sus familiares) deben agotar la vía administrativa, ante la comisión médica de la jurisdicción correspondiente. Con esto se intenta dificultar la llegada a juicio por parte del trabajador.

“Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro”, sostuvo Macri, frente a un entusiasmado foro empresario.
Sin embargo, es difícil creer que allí reside el problema del empleo en nuestro país (o en cualquier otro). Aún con el aumento de la cantidad de juicios en los últimos años, en 2015 los juicios notificados a las ART equivalían a un 1,15% de los trabajadores registrados y a casi un 15% del total de siniestros.

Pero más allá del mensaje disciplinador que intentan instalar, esta norma hasta ahora ni siquiera ha tenido efectividad en el propósito que persiguen. Desde marzo, mes en que entró en vigencia la modificación, la cantidad de juicios notificados en todo el país estuvo por encima del mismo mes de 2016: marzo (+26%), abril (+0,4%) y mayo (4,3%).

Incluso, según publicó el portal Chequeado.com, un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señala que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde ya rige la norma y se “concentra el 48% del total de demandas notificadas a las ART en todo el país”, los juicios aumentaron un 31% en lo que va del año comparado contra el mismo período de 2016.

El “gasto del Estado”

La otra gran pelea que parece dispuesto a profundizar el gobierno, es contra lo que llama el déficit público. El gasto del Estado. Para esto aprovecha muchas de las prácticas clientelares del kirchnerismo, y la bronca que estas generan en el común de la gente.

Sobre esa base el gobierno, por ejemplo, esta semana “retó” a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, por el supuesto exceso de personal de la Municipalidad y le ordenó "revisar las cuentas" del empleo en el sector salud.
Sobre esa misma base, el gobierno despidió a más de 10 mil estatales al comienzo de su gestión, aprovechando el ingreso masivo que empujó el kirchnerismo antes de irse y la precariedad de los contratos que primaban (y siguen primando) en el sector. Se avanzó en la idea de achicar el Estado.

Entre 14 y 17 puntos es el peso que tiene el empleo público en Argentina, con respecto al presupuesto nacional, cifra que comparada con los Estados europeos no es para nada alarmante. Uno de cada cuatro euros, va a salarios públicos en el presupuesto español. Portugal e Italia están por encima del 25% de su presupuesto.

En las provincias argentinas la incidencia es un poco mayor, cosa lógica si se piensa en el traspaso de los servicios de educación y salud que en los ‘90 el menemismo hizo a las provincias. Incluso, son los rubros donde más se concentra el empleo estatal provincial, junto con el de seguridad.

Lo de fondo

Sin embargo, esta guerra más allá de tener a los trabajadores de un lado y a los empresarios y el gobierno del otro, parece tener de fondo la pelea entre las mismas empresas por el preciado botín de la rentabilidad perdida; donde en realidad los trabajadores y sus derechos serían, como se dice en las guerras, “daños colaterales”.

La crisis económica, que desde 2008 se ha profundizado y asecha no solo a la Argentina sino al mundo entero, ha ido generando las condiciones para esta guerra por la rentabilidad. Estas tendencias se venían dando con anterioridad a la crisis, pero han sido agravadas desde el desencadenamiento que tuvo lugar en 2007/2008.

Y al reducirse el botín, producto del estancamiento económico, la caída del consumo, la desaparición de mercados, etc... La disputa entre las empresas y los países que las representan, se ha ido haciendo cada vez más feroz.
Ante esto, los que tienen la manija del mundo, los dueños, los que quieren seguir ganando, han empujado más abiertamente la llegada de gobiernos que puedan, sin titubeos, tomar las medidas que ellos creen necesarias para recuperar su parte del botín.

Para esto han aprovechado la otra cara, la más cruda, de la crisis económica mundial. La desesperación de miles de habitantes de este bendito planeta que van quedando afuera del engranaje, que van siendo excluidos de todo. Desde los votantes industriales blancos desempleados que llevaron a Trump al poder, hasta los que creyeron en las promesas de pobreza cero y pleno empleo de Mauricio Macri en nuestro país, pasando por los partidos fascistas europeos que crecieron echándole la culpa de los pesares de los laburantes europeos a los laburantes emigrados de otros países.
Ahora, una vez en el poder, lejos de pregonar el liberalismo donde el Estado debe mantenerse neutral, utilizan cuanta herramienta tengan en su poder para mejorar sus ganancias.

Por un lado el trabajo, o mejor dicho quienes lo producen, se transforma en un blanco a ajustar. Un costo a reducir. Pero para eso, van tomando las medidas necesarias para hacer que estos no se rebelen ante la inminencia de su expulsión.
Hay que aumentar los ritmos de producción, para ganar más en el mismo tiempo. Esto sin duda generará más lesiones de los trabajadores, que “se rompen” más rápido y seguramente reclamarán por ello. Para evitarlo, hay que “combatir la industria del juicio”, dificultar la llegada a los juicios con la modificación de la Ley de ART. Pero si esto no es suficiente, y así y todo los laburantes llegan a hacer un juicio, hay que asustarlos asegurando que es posible que si pierden paguen todo. ¿Se entiende?

“El empleo público” como símbolo del gasto del Estado, es el otro blanco empresarial. ¿Por qué? Porque el Estado se sostiene en base a su recaudación, y esta sale de los impuestos. En esta guerra comercial por mejorar su rentabilidad, los impuestos son el otro costo a reducir; y es también para esta tarea, junto con la reducción de costos laborales, para la que han impulsado la llegada de gobiernos afines.
Sin embargo, detrás de esta guerra desigual entre los trabajadores y el empresariado gobernante, se esconde una serie de contradicciones que tarde o temprano terminarán derrumbado cualquier proyecto.

Mientras se quiere reducir el costo laboral y el costo salarial del sector privado, se va socavando la posibilidad de miles de consumir, y por ende de ser un destino de la producción que se va estancando y haciendo perder rentabilidad.
Mientras se avanza tecnológicamente, dependiendo de cada vez menos trabajo humano, va quedando cada vez más gente afuera del mundo laboral. “El problema es a quién le vamos a vender los autos”, me decía un ingeniero de General Motors, cuando contaban que habían robotizado gran parte de la producción y ahora necesitaban menos trabajadores.

Por otro lado, mientras se expulsa a miles del sistema laboral, se empuja al Estado a ser el único sostén de millones de excluidos a través del empleo público, o en el peor de los casos de los subsidios estatales. Condición necesaria para que la bomba de la exclusión no haga explotar la frágil gobernabilidad conseguida.
Las mismas empresas que dejan a los trabajadores en la calle piden que el Estado, que ahora los tiene que sostener, cobre menos impuestos que son la base de ese sostén.

Quizás haya que empezar a pensar que los juicios no son la causa, sino la consecuencia de una desenfrenada carrera por la rentabilidad a cualquier costo, o mejor dicho a costa de la salud de los trabajadores. Quizás haya que empezar a pensar también que el mayor costo fiscal no es la causa de la pérdida de rentabilidad, sino la consecuencia lógica de contener a quienes las empresas van dejando en el camino, en la carrera por sus propias ganancias.