Viernes, 23 Junio 2017 17:02

Del Frade denunció a Macri por quitar controles a exportadoras

Escrito por  Javier Galarza

El diputado provincial Carlos Del Frade denunció penalmente a las máximas autoridades del gobierno nacional por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al exceptuar a las exportadoras de los controles del Senasa. A su vez, presentó una denuncia por usurpación de cargos en el organismo. “A partir del desmantelamiento de estos controles, no sabemos qué entra y qué sale de los puertos argentinos”, manifestó.

Carlos Del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, presentó una denuncia penal contra el Presidente y su Gabinete por la quita de controles a las exportadoras. El legislador sostuvo que el gobierno exceptúa a las empresas, en su mayoría multinacionales, de tales controles para favorecerlas.

En diálogo con La Brújula de la Semana, el legislador explicó: “A partir de una reunión que tuvo Mauricio Macri con los titulares de la Cámara de la Industria de Aceiteros de la República Argentina, se terminó reconfigurando el Senasa”. “Se apartó a los trabajadores del Estado de los controles y de ahora en más, dichos controles los hacen las propias empresas. Esto favorece a las mismas exportadoras, con lo cual  se lesiona la independencia de la Argentina”, advirtió.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de ejercer el control higiénico-sanitario de todos los productos de origen animal y vegetal. La Ley Nacional N° 27.233, en su artículo 1°, establece que todos los embarques de productos y subproductos de granos para exportación o reexportación deben ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Senasa. No obstante, la Resolución Nº 37/2017 -sancionada en enero pasado- agregó que “quedan exceptuados de dicho control los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas, cuando no sea requerido por el país de destino”. “Se pretende dejar sin efecto y suprimir una ley de jerarquía superior que, al mismo tiempo, contiene en su declaración de interés nacional convenios internacionales suscriptos por nuestro país”, asentó el diputado en su denuncia.

Además de desproteger la salud y la integridad la población, esta nueva medida provoca que no se tenga un real control de lo que ocurre en los puertos del país. También tiene consecuencias económicas: por un lado, esta privatización representa una “transferencia de recursos” a favor de las empresas privadas, en perjuicio de los gobiernos (nacional y provincial). Y por otro lado, representa un problema en el ámbito impositivo: “El gobierno de China denunció una subfacturación de parte de las empresas exportadoras argentinas a favor de sí mismas, de 2 mil millones de dólares. Al gambetearse los controles, se gambetean los impuestos, que encima son muy pocos. Ahí está el delito económico”, remarcó.

Finalmente, manifestó otra preocupación puesto que, ante este escenario, “se hace realidad lo que dijo en algún momento el jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, Oscar Álvarez”. Según el policía, desde 1998 por los puertos privados de San Lorenzo y de Rosario entra la mayor cantidad de cocaína a la Argentina. “Así que imagínate lo peligroso que es todo esto. Por eso estamos haciendo esta denuncia”, señaló el legislador.

Usurpación de cargo

El periodista y diputado también denunció la presunta comisión de los delitos de usurpación de cargo por parte de Cristian Cunha, como coordinador Regional de Puertos. La Decisión Administrativa Nº 277/2017, publicada en el Boletín Oficial del 2 de mayo pasado y firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, determinaba que a partir de esa fecha Cunha debía desempeñarse en tal cargo.

Sin embargo, Del Frade aseguró que su ejercicio es anterior a la publicación del Boletín y su efectivo nombramiento, “siendo este acto jurídico un requisito ineludible para el desempeño legal de funciones públicas”. Sus pruebas se remiten a declaraciones públicas realizadas por el propio Cunha, además de distintas presentaciones institucionales, como una acontecida en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Asimismo, “ha trascendido que Cunha, a mediados de 2016, ya contaba con oficina propia para el cargo que ocupaba, en las instalaciones del Senasa”. De hecho, en la web del organismo se puede observar un acto de agosto de 2016 donde el presidente del Senasa, Jorge Dillon, refería a Cunha como coordinador de Puertos.

“Desde el primer momento que ingresó a la Institución, ocupó un cargo de manera ilegítima. Se desempeñó al frente de la oficina creada por la Resolución Nº 429/2016, para lo cual no fue nombrado”, indicó Del Frade. Tal maniobra obedecería a “un pedido del Presidente de la Nación”.
Por tal motivo, el legislador solicitó que se investigue tanto a Mauricio Macri, Marcos Peña, Ricardo Buryaile y Jorge Dillon por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; así como a Cristian Cunha por  usurpación de autoridad, títulos u honores.