El presidente de la Asociación manifestó que estos modelos siguen intactos desde el gobierno anterior y más aún, hoy existe una profundización. “El ministro invita de alguna manera a violar la ley” expresa Enrique Viale en alusión a los viajes que Bergman realiza por provincias argentinas, como por ejemplo Chubut, La Rioja, Mendoza, donde está taxativamente prohibido el desarrollo de la actividad. “Más que comportarse como un Ministro de Ambiente se comporta como un ministro de minería, promocionando la actividad” consideró.

Debate social

Desde el ministerio se plantea el argumento de debatir la actividad donde hay resistencia social, en sentido contrario a lo que ocurre en lugares como San juan o Catamarca donde la actividad ya tienen varios años y ha tenido consecuencias sociales muy negativas. “Los debates sociales se vienen dando hace mucho, como el debate que se nacionalizó en el 2012 en la localidad de La Rioja con la consigna `el Famatina no se toca´” dijo Enrique. “El problema – continuó – es que no les gusta las conclusiones de esos debates, que han puesto de manifiesto las consecuencias negativas económicas, sociales y culturales que trae la actividad.” Viale señaló que ya hay siete provincias que lograron sancionar sus propias leyes de prohibición de la actividad, que tuvieron como base debates muy profundos, en los lugares de trabajo, en las casa, en las escuelas, en las calle, en la sociedad.

Preservación de los glaciares y del ambiente periglacial

26.639 es el número de la ley vigente desde el 2010 que establece en su primer artículo, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y además como atractivo turístico.

“La ley de glaciares es un tema más complejo en base al cual también se dieron debates nacionales en la legislatura y a través de los medios de comunicación. Es una larga lucha que nace como un veto presidencial en el 2008 a pedido de la minera Barrick Gold. Que después de larga discusiones se logró sancionar finalmente en el 2010. Estamos a 6 años de la ley, y en los lugares donde debería aplicarse, la ley brilla por su ausencia” expresó Viale, y reiteró “en esto no hay voluntad política de aplicar la ley ni tampoco la hubo del gobierno anterior”. Por otro parte hay que considerar las presiones que provienen de las multinacionales ya que son muy fuertes y de ahí las relaciones con el gobierno y todos los poderes del estado. “La idea es lograr que la ley se aplique efectivamente, como debe ser” concluyó Viale.

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Fotografía: La Nación