El abogado se refirió al fallo del día jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió anular el aumento de gas para usuarios residenciales, y si bien lo consideró un avance, dijo que es  “parcial” ya que excluye a pymes, comercios, industrias y todos aquellos que no formen parte de esa categoría específica. “Esto deja abierta la posibilidad de que, los que no son alcanzados por el dictamen, empiecen a recurrir a la vía judicial para salvaguardar sus derechos”, explicó.

En diálogo con La Brújula, Alcaráz explicó que los usuarios residenciales que ya hayan pagado las tarifas con aumento, empezarán a pagar las próximas boletas con el precio retrotraído al 31 de Marzo (fecha en la que empezó a regir el aumento en todo el país), y se le va a ir restando en esa misma factura lo que hayan pagado de más en estos meses. Es decir, no se les va a devolver el dinero en efectivo, sino que tendrán un crédito a favor que la empresa proveedora de gas irá descontando de las próximas facturas. “Lo que no aclaró el gobierno es si ese crédito se va a devolver con intereses, eso es una parte obscura. Según la Ley del Consumidor se tendría que devolver con los mismos intereses que cobran las empresas para la prestación del servicio que otorgan” alertó el abogado.

También aclaró que los usuarios que no pagaron esperando el fallo judicial, deberán abonar esa diferencia adeudada y tendrán la posibilidad de hacerlo en cuatro cuotas iguales y consecutivas, con vencimiento la primera en el mes de septiembre. Y agregó que “no se cobrarán intereses, ni recargos por la mora existente”. En tanto aquellos que no categoricen como usuarios residentes (pymes, comercios, clubes, industrias, etc.) deberán seguir pagando las facturas con el tarifazo, pero el aumento no podrá superar el 500%, como había establecido el decreto del Ministerio de Energía.
Por otra parte el Ente Nacional de Regulación de Gas (Enargas) ya convocó a una audiencia pública para el próximo 12 de septiembre, donde se discutirán medidas en torno al precio de los servicios públicos.

La participación es totalmente libre y el registro de inscripción abrirá 15 días antes de la audiencia, y finalizará el 10 de septiembre. “24 horas antes de la audiencia, se deberá publicar el listado de la gente que va a participar y sobre qué va a versar su opinión”, comentó Alcaráz, y señaló que cada participante tendrá un tiempo de exposición de cinco minutos.

La audiencia no es vinculante, es decir que el ejecutivo no está obligado a acatar lo que se resuelva, “pero el organismo tampoco puede apartarse, sin dar los fundamentos necesarios, de lo que resuelva en la audiencia pública”.
Alcaráz adelantó que desde la Multisectorial Rosario contra los Tarifazos van a estar participando, aunque todavía resta definirlo en una reunión.

Denuncia penal a Cammesa

El representante de la Multisectorial había adelantado también la presentación de una denuncia penal contra Cammesa, la compañía mayorista nacional de energía, por no retraer los precios, algo que había ordenado la justicia.

Una sentencia de primera instancia del Juzgado Federal de San Martín establecía que se debían retrotraer el precio de las tarifas energéticas al 31 de enero de este año, esto “ordenaba a Cammesa a que refacture y que no efectuara ningún corte basado en facturas anteriores”

En ese sentido, el abogado explicó: “El día 11 de agosto, el Gobernador (Miguel Lifschitz), la Secretaría de Energía (Verónica Gesse) y la EPE (Empresa Provincial de Energía) comunicaban que habían recibido la factura de Cammesa del mes de Julio y que no habían retrotraído las tarifas, y por lo tanto la EPE tampoco iba a retrotraer sus tarifas hasta que no tengan las directivas de Cammesa de que iban a hacer algo al respecto, a pesar de la resolución que se había dictado”.

En el programa La Brújula de la Mañana que se emite por Radio Wox, el letrado señaló que el dictamen de la Justicia aún está vigente, por lo que Cammesa estaría cometiendo el delito de desobediencia a una orden judicial. Consideró también, que los funcionarios públicos (Gobernador, Secretaría de Energía, y Presidente de la EPE) incumplieron su deber, por no haber realizado directamente la denuncia cuando recibieron la factura de la compañía mayorista, por lo que también pedirán que esto sea investigado por la Justicia. “Se llega a esta situación por inercia e incumplimiento de los funcionarios públicos”, remató.

“Acudimos al poder ejecutivo y no tuvimos respuesta, acudimos al poder legislativo y tampoco obtuvimos respuesta. Lo único que nos quedaba era acudir al poder judicial, y lo mismo sucedió con las otras provincias. Yo creo que la gente está esperanzada de que se aplique justicia, y que se aplique en beneficio de la gente, que es lo que corresponde” sentenció el letrado.

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