Emergencia pública
En un contexto de Emergencia Sanitaria declarado por el Congreso Nacional, a través de la Ley N° 27.200 -del 28 de octubre de 2015- es que se dicta este nuevo DNU con pretensiones de fortalecer el financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Si bien la Constitución Nacional (Art. 99 inc.3 párr. 2º) prohíbe rotundamente al Presidente emitir disposiciones de carácter legislativo, existe una salvedad a la regla cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes (Art. 99 inc.3 párr. 3º). Es por esto que el gobierno nacional utiliza, una vez más, un DNU.
El DNU 908/16 en su artículo 11 especifica que el mismo comienza a regir en todo el país a partir del 3 de agosto. El decreto, que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, establece un régimen excepcional de distribución de los recursos acumulados al 28 de julio de 2016 en el Fondo Solidario de Redistribución.
Entre sus finalidades está el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, actividades de promoción y protección de la salud y medicina preventiva. También menciona una asistencia financiera destinada a obras sociales ante situaciones de epidemias y/o emergencias en el ámbito del territorio nacional, como a efectores propios de la seguridad social para la adquisición de equipamiento tecnológico, entre otras.
Otra mirada
En dialogo radial con La Brújula de la Mañana, María Fernanda Boriotti, Secretaria General de Si.Pr.U.S. (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad) manifestó su postura sobre el Plan Universal de Salud y dijo que: “Es un seguro, no es un plan universal. Está mal llamado `universal´, porque no garantiza el acceso a la salud como dice la Constitución para todos los habitantes del país, sino que se centra en dar un `carnet de pobre´, y en derivar más fondos del sector público al privado”. Fernanda consideró que: “Es volver a una política de los ´90 caracterizar a los usuarios del servicio de salud en `pobres o no pobres´ y si pueden pagar o no, y la verdad que eso no es mejorar la accesibilidad ni mejorar la atención de la población, sino todo lo contrario, es un claro flujo de fondos del sistema público al privado”. Por otro lado, Boriotti expresó que: “Con este pago de `deuda´, por así decirlo, ha dejado conforme a un sector sindical muy fuerte que es el que no va a reaccionar frente a este sistema de salud que propone el gobierno” y agregó que esto “apunta a no invertir más en salud pública”.
Por último, la Secretaria General del Si.Pr.U.S. opinó que: “Es preocupante porque sabemos que tanto los gobernadores como los sindicatos beneficiados con este ingreso millonario de fondos no van a cuestionar y con tal de tener fondos van a aceptar cualquier cosa, así vaya en detrimento de sus propios votantes y la ciudadanía”.
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