Los acusados lo niegan. Héctor y Claudio Villalba dijeron ante los tribunales que no fueron ellos quienes balearon a Roque “Keko” Suárez, uno de los hermanos de Claudio “Mono” Suarez, víctima de la masacre de Moreno. Pero la realidad resalta la ironía: los imputados son hermanos de Ezequiel Villalba, uno de los principales implicados en la feroz matanza ocurrida el primero de enero de este año conocida como la “masacre de villa Moreno”. Según relataron en el juzgado de Instrucción N°2, fueron ellos los que recibieron los disparos. La jueza Alejandra Rodenas escuchó con atención. 

“Keko” Suárez había dicho en su denuncia que los agresores lo persiguieron cuando volvía de llevar a uno de sus hijos a la escuela. No es el primero de los familiares en recibir el castigo por pedir justicia. La impunidad se encarga de aterrorizar a los que quieren develar los hechos. Las amenazas son cosa de todos los días. Las balas dejaron su huella de terror en su casa y en un Peugeot 505 estacionado enfrente. La realidad parece empecinarse siempre en contra de los mismos. Los barrios de la ciudad de Rosario son terreno fértil para la impunidad. El acampe frente a la sede de la gobernación es un grito desesperado para que, de una vez por todas, el gobernador Antonio Bonfatti los escuche.

 

La trama de todos los días

En los barrios populares, los estruendos de las balas parecen sonar con tanta regularidad como el canto de los pájaros. El 19 de julio fue un día demasiado familiar. Cuando el Renault Megan blanco soltó su escupitajo mortal contra Facundo Osuna, la tragedia volvió a la memoria. Facundo tenía 18 años. No tardó mucho en morir, luego de que fuera trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. La injusticia, otra vez, reinaba en las calles del Villa Moreno. Otra vez un joven era víctima del olvido y la indiferencia clasista, como Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patóm” Rodríguez, tres militantes del Movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán (FPDS). 

El 29 de diciembre, Facundo había tenido su “aviso”. Ese día también había sentido el rigor de los disparos. Pero las balas no lo alcanzaron. Facundo era uno de los testigos claves en la causa del Triple Crimen y había identificado a Maximiliano Rodríguez, hijo de Sergio “Quemado” Rodríguez, como responsable de la balacera que había sufrido en diciembre. Esa fue su sentencia de muerte. Las amenazas que padecía, finalmente, se hicieron realidad. 

Luciano V., señalado como el principal sospechoso del asesinato, se entregó unas horas después en la comisaría N°15. Iba acompañado por su abogado. Antes había declarado ante la jueza de Instrucción, María Laura Sabatier. 

Los familiares de Facundo y los miembros del Movimiento 26 de junio (FPDS) apuntan a las disputas en torno al narcotráfico y la relación con la causa de la “masacre de villa Moreno”. Su lucha por la justicia es contracorriente: se imponen, como mordaza, las hipótesis que versan sobre crímenes pasionales, disputas deportivas o simples reyertas por la convivencia barrial. La prensa hegemónica de la ciudad aportó su cuota en ese silenciamiento por medio de la tergiversación. 

Solo siete meses después de la masacre, el mismo capítulo pareció escribirse otra vez. Ese capitulo es el de la desidia estatal, incapaz de desarticular los entramados mafiosos entre las cúpulas políticas, policiales y judiciales con el narcotráfico y el manejo de armas que bañan de sangre los barrios rosarinos. Esa alianza terrorífica ya se cobró en lo que va del 2012 más de 90 vidas en los barrios periféricos. Casi todas las investigaciones sobre los hechos quedaron truncas. Es la inseguridad que no sale en los diarios. O sale a través de la estigmatización con fuerte contenido clasista. 

Entre el año 2011 y parte del 2012 fueron 262 los homicidios dolosos. Uno de cada tres se produjo en la zona sur. La desidia estatal marca sus diferencias. Los números son del Observatorio de Derechos Humanos, una iniciativa impulsada por el propio FPDS. La explicación de cinco de cada 10 de esos asesinatos es la de “ajustes de cuentas”, algo que parece encubrir el tejido de intereses detrás de los hechos. Para desazón de los pedidos fascistoides de mayor seguridad, solo el 11% de esos crímenes ocurrió en situación de robo. La violencia en los barrios populares escaló un 30% en tan solo un año. 

Es decir: la inseguridad se cobra más víctimas entre los que padecen el señalamiento social como causantes de esa inseguridad. Son las paradojas que ocurren cuando el micrófono lo concentran solo unas pocas voces. Solo las organizaciones barriales alzan su voz de denuncia. Para el resto, son noticias que salen en las tapas de los diarios y después se desvanecen, como si nunca hubiesen existido.

 

El castigo por pedir justicia

“Llegamos al acampe porque pedimos tener una audiencia con el gobernador, porque nos reunimos con el ministro (de Seguridad, Raúl Lamberto) y el ministro nos prometió una seguridad que nunca llegó. Lo que menos tenemos es seguridad en el barrio. No solo para mi familia ni para los testigos, sino para todo el barrio en sí”, dijo Estela Maris “Lita” Gómez, la madre del “Mono” y de “Keko” en conversación con Bárbaros de Radio Universidad. El “dispositivo de seguridad” que el Lamberto prometió colocar, jamás se articuló. Los familiares y los testigos se encuentran en completo abandono. 

La guardia policial, que tras los hechos se había fijado, funciono como garantía para el abuso: cuando Roque Suárez fue atacado, la guardia misteriosamente se había evaporado. La sospecha es inevitable. “Esa guardia tiene que estar ahí de forma permanente y nunca se movió. Incluso cuando uno va y le dicen que andan a los tiros, ellos te contestan que no se pueden mover de ahí. Y justo ese día, qué casualidad, que se pudieron ir y en diez minutos pasaron estos chicos a tiros y le tiraron a mi hijo”, comenta “Lita”. 

Las explicaciones de los dos guardias fueron más bien escasas: “Era dos. Uno dijo que lo llamaron porque hubo un robo y el otro no sabía que había pasado, que ahora los habían pasado a disponibilidad”, cierra la madre de las víctimas. 

Roque se lanzó debajo del auto y pudo salvar su vida. No como el “Mono”, su hermano. Pero el terror y la sensación de absoluta desprotección inundan el barrio. El miedo se suma a la permanentemente frustrada expectativa de que alguien haga algo. El allanamiento que a los pocos días se realizó y donde se incautaron aproximadamente tres kilos de cocaína, sonó como más como un gesto inmediato para calmar los bríos que como una determinación firme a tomar cartas en el asunto. “La presencia policial no se ve”, afirma “Lita”. 

Los familiares lograron conseguir, al menos, una promesa de Antonio Bonfatti: “lo tuvimos que seguir por todos lados para que nos dé una audiencia. Pero todavía no se sabe si va a cumplir con lo prometido que en esta semana nos iba a atender a los familiares”. Sin embargo, la fecha concreta del encuentro es un asunto pendiente. El acampe se levantó y las respuestas aún no llegan. La injusticia parece seguir siendo la dueña del barrio. “Esto que hacemos no nos va a devolver a nuestros hijos, pero por lo menos que sirva para cuidar a los otros chicos”, dice “Lita”. En ella se resume el grito desesperado de los que han sido olvidados.