Viernes, 07 Abril 2017 16:03

Represión y violencia policial en barrio Toba

Escrito por  Natalia Navarro

Un grupo de vecinos de la comunidad qom del distrito sudoeste de Rosario fue detenido el domingo, al intentar defender a jóvenes que se encontraban en medio de un operativo policial. El fiscal Gustavo Ponce Asahad procesó a parte del personal de seguridad implicado en el hecho. Los referentes barriales aseguraron que los hostigamientos son constantes. Organismos de DDHH remarcaron la necesidad de crear redes para reaccionar rápido ante estos atropellos.

 

El pasado 2 de abril, alrededor de las 8 de la mañana, un operativo policial irrumpió en el Barrio Toba ubicado en la zona de  Rouillón y Maradona. Las fuentes policiales indicaron que se trató de un operativo de “rutina” en el que intervino el Comando Radioeléctrico, al cual un grupo de jóvenes se resistían. Pero los vecinos que presenciaron el hecho denunciaron que fue un despliegue represivo que efectuaron más de 40 miembros de la fuerza,  que dejó 14 detenidos y varios lesionados, entre ellos un adolescente que fue habría sido abandonado en un descampado y luego tuvo que ser hospitalizado.
Las personas demoradas fueron liberadas esa misma noche luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal. El hecho despertó el rechazo de diversos organismos de derechos humanos, partidos políticos, movimientos sociales, militantes territoriales y ciudadanos autoconvocados, que en el transcurso de la semana se reunieron para analizar la situación y planificar medidas preventivas con el apoyo de la comunidad.

Crónica de un operativo violento

El fiscal en turno que tomó la causa, Gustavo Ponce Asahad, informó el domingo por la tarde en conferencia de prensa los detalles de las actuaciones realizadas hasta el momento. De acuerdo a lo indicado por la Policía, “vieron a cuatro personas que estaban tomando algo en la calle Garzón casi Aborígenes (Argentinos); pararon para identificarlos e intervino una quinta persona. A partir de allí hubo una serie de tumultos tendientes a evitar que se las individualizara”. En principio, actuaron dos efectivos policiales, quienes por radiofrecuencia convocaron más personal, luego se presentaron alrededor de 40 y 50 miembros de la fuerza.

No obstante, el funcionario judicial explicó que los vecinos reportaron que se trató de un procedimiento violento. En este sentido, una de las referentes de la comunidad Ruperta Pérez contó: “Un grupo policial que estuvo patrullando la zona decía que era una requisa pero no  decía de qué tipo. Un grupo de chicos iba cruzando la calle y les empezaron a pegar porque ellos indicaban que estaban en actitud ‘sospechosa’, pero no sabemos por qué. Los acusaban de portar armas blancas, pero nosotros sabemos que eso no era cierto”.  

Ruperta agregó que, al presenciar ese hecho, los vecinos intentaron defender a los jóvenes, recibieron apremios y hasta fueron atacados en el interior de algunos de sus domicilios: “Entraron sin pedir permiso como si fuéramos ladrones. A algunas chicas que se encontraban sacando fotos, les entraron cinco policías en la casa intentado sacarles el celular”, relató. También dijo que “levantaron a un chiquito de 15 años y lo dejaron abandonado a un descampado, tenía el hombro dislocado y golpes en la cabeza y en las piernas”. El adolescente fue socorrido en el Hospital Carrasco y luego trasladado al HECA (Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez), según informó la referente qom.

Por razones de jurisdicción, en esa misma jornada las actuaciones se constituyeron en la Comisaría 19°. El fiscal informó que una vez allí pudo acceder a la celda donde se encontraban detenidos los varones, y comprobó que su estado de salud no coincidía con el informe del médico policial  Héctor Vales. Las constancias practicadas a las 14 personas demoradas indicaban lesiones leves y estaban signadas a la misma hora: “Creo que un examen médico requiere de 10 a 12 minutos por persona. Pero las actas estaban registradas todas a las 11.30. También,  constatamos que una de las dos mujeres tenía quebraduras y traumatismos y que además padecía de epilepsia”, detalló.

Las medidas dictadas por el fiscal

En ese marco, Ponce Asahad inició una causa al profesional de la salud por los delitos de encubrimiento, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes de funcionario. "En el caso de miembros de la Unidad Regional II se les formó causa a Víctor Hilbet y Walter Benítez, dos efectivos del Comando Radioeléctrico, por apremios ilegales; a los que se sumaron Ayelén Sañudo, Fabián Becerra, Oscar Villagra y Estela Campi, por firmar el acta de procedimiento", precisó. Asimismo, se procesó a 11 de los detenidos bajo el probable delito de resistencia a la autoridad y a tres por portación de armas de fuego.

Por el tenor de los hechos, el fiscal solicitó la intervención de la División de Asuntos Internos y a la División Judiciales. También participaron de la toma de testimonios en Fiscalía integrantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) e instituciones municipales y provinciales referidas a pueblos originarios, así como organismos de derechos humanos. A su vez, se ordenó el secuestro de las armas y se efectuaron análisis de alcoholemia, alcoholuria y otros análisis toxicológicos del personal participante del operativo.
Marcelo Villanúa, jefe de la Unidad Regional II, respaldó las actuaciones del personal del Comando Radioeléctrico afirmando que debieron responder a agresiones de parte de personas que se negaron a ser identificadas.

Días más tarde, los principales medios de la ciudad difundieron imágenes que habrían sido proporcionadas por el Ministerio de Seguridad, en las que se puede observar a un grupo de personas atacar a la Policía en el marco de la búsqueda de un prófugo de la cárcel de Coronda. Al respecto, el fiscal aclaró: “Ese dato no fue ratificado por el Juzgado de Ejecución de Coronda. Cuando hicimos intervenir a Asuntos Internos y a la División Judiciales, ordenamos que se chequera esta información. Desde allí, no informaron que el pedido captura estuviese vigente. En base al testimonio que tomé a dos empleados del Comando Radioeléctrico en la Comisaría 19°, este procedimiento no tuvo como fin buscar a un prófugo, sino que fue rutinario”, expuso.

Una práctica de “rutina”en un territorio olvidado

Tras la repercusión de los hechos, el lunes pasado diversas organizaciones sociales y espacios políticos se reunieron en el Centro Cultural La Toma para repudiar la represión sufrida por la comunidad. Desde esa asamblea se elaboró un documento colectivo que señala las condiciones de vida de la comunidad qom, y que apunta a los responsables materiales exigiendo el repudio de las máximas autoridades políticas de la ciudad y la provincia.

“No podemos desvincular este ataque a la comunidad qom de las condiciones de vida inhumanas a las que está siendo sometido el barrio, con la falta de los servicios más elementales como el agua, la permanente presencia de basura, que luego se manifiesta en todo tipo enfermedades que sufren sus pobladores. Ese escenario se agrava ante la falta de presupuesto para las instituciones y políticas sociales que el Estado debe garantizar. Denunciamos también que estos procedimientos prepotentes y abusivos son moneda corriente en el barrio y se vienen profundizando en los últimos tiempos, aunque pocas veces se hacen visibles cuando las víctimas son nuestros estigmatizados pibes y pibas”, reza parte del comunicado.

En dicho encuentro se expresó la necesidad de crear “círculos” como mecanismos de defensa, para lograr una reacción rápida  ante estos hechos y resguardar la integridad de las personas que sufran estas violaciones a los derechos humanos. Matilde Bruera, del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNR, señaló: “Esta reunión es muy importante porque es la reacción de todos los sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos ante una represión policial muy grave. Estas son prácticas sistemáticas permanentes ante poblaciones vulnerables. Ante esto lo que hemos ofrecido es disponer de un equipo para que intervengan en estos casos y para coordinar con otros abogados. Es necesario crear redes, equipos grandes que tengan claras las ideas. Lo sabemos quienes tenemos experiencias de represiones de otras épocas. La explicación de operativos de ‘rutina’ es el argumento de un accionar ilegal. Las fuerzas policiales lo expresan como si fuera algo legal pero eso no es aceptable”.

En ese sentido, agregó que frente a la continuidad de prácticas represivas de las fuerzas de seguridad, “lo que preocupa son las pocas garantías que puede ofrecer el Poder Judicial”. “Una de las personas que presentó un Habeas Corpus no tuvo respuesta favorable. Es un recurso que debe ser aceptado siempre, independientemente de la organización que tenga la justicia”, subrayó.

Después de esta convocatoria, el miércoles por la mañana la intendenta Mónica Fein expresó que desde el Ejecutivo "vivieron con mucha preocupación y violencia la situación". "La Fiscalía es la que debe investigar el accionar policial y dar una respuesta más contundente, y si hubo excesos se pueda caer sobre los policías que los hayan cometido", aseveró la mandataria.

Fotografía: de whatsapp